Una nueva modalidad de fraude aflora en el padrón municipal: la que afecta a viviendas de protección oficial (VPO) y, para darle más emoción al asunto, sin conocimiento ni permiso del adjudicatario. Es el caso que ha denunciado a EL CORREO un joven residente en un piso protegido de Zabalgana. Ante la proliferación de noticias sobre estas prácticas ilegales que se dan en la capital alavesa y el anuncio del Consistorio de ponerles coto para cortar el grifo de las ayudas sociales concedidas de forma fraudulenta, el protagonista de este caso decidió, por pura precaución, acercarse hasta un centro cívico para conocer si el número de personas empadronadas en su piso (en este caso, tan solo él) coincidía con la realidad.

Y bingo. Según la información proporcionada por este servicio municipal, en su domicilio se habían inscrito «más de cinco personas, todas de origen extranjero». La cosa no quedó ahí. Más adelante, al joven adjudicatario le informaron de que ese número se había incrementado. Estupefacto, el afectado denunció el caso ante la Policía Municipal. Según pudo comprobar, los infractores presentaron una declaración jurada (el documento que acredita que los solicitantes viven en ese domicilio) con la firma del joven dueño del piso falsificada. Junto a este papel, que se proporciona en las propias oficinas, también adjuntaron una fotocopia del carné de identidad del afectado. Un dato cuando menos sospechoso ya que el adjudicatario de la casa no había proporcionado a nadie su DNI, ni mucho menos dejó que lo fotocopiaran. Por si esto no fuera ya lo suficientemente enrevesado, en su carné aún figura el domicilio de sus padres, y no el de Zabalgana, de modo que no sabe cómo consiguieron su actual dirección. «¿Cómo es posible que admitan estos papeles sin comprobar nada? ¿Por qué no piden que se presente el carné original?». Estas cuestiones no dejan de atormentar al chico y a sus familiares.

«Me pueden quitar el piso»

Sobre todo, se preguntan «cómo se les permite empadronarse a varias personas en un piso de protección oficial, cuando la ley prohíbe subarrendar bajo pena de multas. Hasta te pueden quitar la vivienda por culpa de terceras personas», se indignan. «Si no lo descubres por tu cuenta y te pillan supuestamente ‘alquilando’ tu VPO, ¿cómo demuestras que has sido víctima de un fraude?», exponen con enfado.

Lo que más indigna a los denunciantes es que los ciudadanos que quieren inscribirse en el padrón solo deben presentar un contrato de arrendamiento o una declaración jurada (y la fotocopia del DNI), como hicieron en este caso, algo «insuficiente» para este joven, que critica el «descontrol total» y la ausencia de inspecciones. «Y encima les empadronan al momento, pero para darles de baja hay que esperar varios meses. ¿Es que no te pueden llamar para comprobar que la declaración jurada no es falsa?».

El afectado exige sobre todo más control a la hora de empadronar a personas en viviendas protegidas.