La aplicación en Alabama de una de las leyes antiinmigración más duras de Estados Unidos está produciendo una fuga masiva de estudiantes hispanos de sus aulas, tanto de familias con residencia legal como de hijos de sin papeles, por temor a la deportación. El Ministerio de Justicia federal ha decidido, finalmente, intervenir, y ha pedido a todos los colegios de Alabama que envíen a Washington los listados de alumnos, con los nombres de los que han dejado de acudir a clase y la fecha en que lo hicieron.

El choque frontal entre la capital federal y el gobierno de Alabama puede convertir a este estado, según algunos analistas, en un campo de batalla para los derechos civiles de los hispanos similar al fenómeno que se produjo en los años 50 y 60 con la minoría negra. El caso de Alabama sería, afirman, un modelo para situaciones similares en otros estados con frontera con México, que también han aprobado sus propias leyes antiinmigratorias.

Según algunas informaciones, un 10 por ciento del alumnado hispano de Alabama ha dejado de acudir a la escuela desde que entró en vigor hace un mes la ley antiinmigración que exige a los centros educativos estudiar el historial inmigratorio de sus pupilos. El fenómeno afecta no sólo a los hijos de padres sin papeles sino también a los residentes legales, que se quejan de amenazas en las aulas «si no regresan a México».

El Tribunal Supremo estudia en estos momentos la legalidad de la norma aprobada, que niega el derecho a la educación infantil y secundaria a inmigrantes ilegales. La Administración Obama rechaza también el abanico de normas contra la inmigración en general procedente de México aprobadas en casi todos los estados sureños. No obstante, los analistas señalan que la incapacidad de Obama de negociar con los republicanos una reforma uniforme de las leyes migratorias ha provocado que los parlamentos de los estados afectados hayan aprobado leyes duras y xenófobas.