El Gabinete Maroto ha dado de baja del padrón municipal a dos centenares de personas cuyos permisos habían caducado a lo largo de este año. La resolución, emitida por el Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores que coordina la concejala Ainhoa Domaica, fue aprobada el pasado día 7 y ha supuesto la cancelación automática de 202 inscripciones padronales que correspondían a extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que estaban obligados a renovar estos documentos cada dos años, como marca la ley.

El Ayuntamiento ha declarado la caducidad de la inscripción padronal de estos inmigrantes tras reunir en un informe todos sus datos personales. Se da la circunstancia de que el Consistorio había intentado realizar «notificaciones individualizadas» a cada uno de los afectados, aunque no consiguió dar con ellos. En consecuencia, el equipo de gobierno aplicó la ley que regula estos procesos y decidió anunciar la correspondiente resolución de baja en el padrón.

Esta actuación forma parte de las medidas de control del censo anunciadas por el equipo de gobierno. El alcalde, Javier Maroto, ha asegurado en varias ocasiones que es preciso luchar contra el fraude en las políticas sociales. Para el PP, esta estrategia supone vigilar de cerca el padrón, ya que es la puerta de entrada para los que quieren residir en cualquier ciudad y acceder a cualquiera de sus prestaciones, como por ejemplo, las ayudas sociales.

Regularización

Por eso mismo, no es la primera vez que el Gabinete Maroto revisa el censo para actualizarlo. El mes pasado anunció que ya había empezado a «regularizar» algunos de los 6.538 expedientes de baja sin tramitar que su equipo detectó tras llegar a Alcaldía. No obstante, de momento solo ha trascendido que el papeleo realizado ha provocado 38 bajas de oficio en una veintena de pisos. Eso sí, esta cifra podría multiplicarse porque el trabajo no ha hecho más que comenzar.

De forma paralela, y también en relación con esta política, el Ayuntamiento tiene previsto enviar una carta a todos los propietarios de una vivienda en el que se certifique el número de personas que están empadronadas en dicho domicilio.

Ahora, la resolución que expulsa del padrón a los más de dos centenares de inmigrantes supone un paso más. Los afectados pueden recurrir esta decisión en los tribunales o, si lo prefieren, en el propio Consistorio.