:: JESÚS FERRERO

La prostitución y su legalización es un tema que levanta discrepancias, que se aborda desde múltiples vertientes y puntos de vista, pero que siempre tiene los mismos actores y actrices y un guión de siempre para representar una obra siempre inacabada.

Como concejal de Atención Social, quiero poner el acento sobre todo en las personas, sin ningún adjetivo calificativo. Soy de los que creen que las situaciones que vivimos todos son cambiantes. Somos nosotros con nuestras realidades y hemos de tener todas las posibilidades para encauzar nuestras vidas con el rumbo que queramos marcar en ellas.

Cabría suponer que a la par que el avance del progreso y de la técnica, de los movimientos sociales y de las políticas de integración y de sensibilización, han disminuido los estragos de la pobreza, la miseria y la prostitución. Pero no se han reducido, sino que han aumentado y se han agravado por la incorporación – derivada de terribles situaciones de injusticia social – de un gran contingente de población inmigrante.

Ha habido y hay prostitutas de alto nivel de vida, elegantísima apariencia y selecta clientela, pero el proletariado de este oficio, la inmensa mayoría, ha ejercido por extrema necesidad y en condiciones penosas. Si antes había madres solteras echadas de sus casas, criadas despedidas tras ser vejadas por sus señores o la necesidad extrema de mujeres maltratadas por la vida, la injusticia, el machismo y los prejuicios, hoy destacan la droga, las redes de explotación de inmigrantes o el desamparo de las ‘sin papeles’ que por su cuenta, si tienen la suerte de no ser explotadas por proxenetas, tienen que ganarse la vida con lo único que no les ha sido arrebatado: su cuerpo.

Quien recuerde a las prematuramente envejecidas mujeres en ‘boatines’, ‘chanclas de paño’ y calcetines tobilleros de los alrededores del barrio cartagenero del Molinete, que trabajaban hasta embarazadas, o el triste espectáculo actual de los cuerpos ajados que se ofrecen en las lugares mas recónditos de nuestras ciudades, puede quedar vacunado contra toda tentación idealizadora.

Las cosas han cambiado solo relativamente. Chaperos, prostitutas africanas o del Este en situación irregular en los polígonos industriales, o los llamados clubes de alterne son una triste realidad.

Según Médicos del Mundo, un 75% de la prostitución en Europa la ejercen inmigrantes. Se calcula que la industria del sexo mueve anualmente en todo el mundo más de 62.500 millones de euros (más de 10,4 billones de las antiguas pesetas); solo en Europa, más de 9.600 millones de euros (1,6 billones de pesetas). Y la Organización Internacional de Migraciones (OIM) dice que el negocio está gestionado, frecuentemente, por las mismas redes que trafican con drogas ilegales y blanquean dinero de otras actividades ilícitas.

Es un tema que debe afrontarse no solo desde la represión, sino desde una visión conjunta y objetiva, intentando llegar a un consenso europeo. Es algo que parece estar muy lejos, pero que es urgente.

En Europa hay tres sistemas: el prohibicionista, que prohíbe y castiga la prostitución con la cárcel, multas o medidas reeducadoras para quien la ejerce, organiza y/o promueve; el reglamentarista, difundida tras las conquistas napoleónicas y que obligaba a regular administrativamente la prostitución mediante ficheros, controles sanitarios y tasas; y el abolicionista, originado en la Inglaterra de mediados del siglo XIX y que prohíbe la explotación y el acto e inducir a la prostitución. Hay que añadir la opción legalizadora, de la década de los noventa del siglo XX y que considera la prostitución ejercida libremente por personas adultas como un servicio laboral para prestar un servicio a cambio de un precio. Hay una evidente falta de consenso.

Y no hay que olvidar que detrás están los consumidores de sexo en todas sus vertientes. Hay, pues, todo un abanico de variantes ante un problema global donde la pobreza es el mayor proxeneta.

Me gustaría proponer posibles cauces para la búsqueda de alternativas. Una es conocer mejor la realidad de prostitutas, clientes y proxenetas. Hay pocas experiencias asociativas entre las personas que ejercen la prostitución y que defiendan sus reivindicaciones en primera persona. Es fácil comprender las razones. Además, nuestra sociedad no puede postergar por más tiempo la búsqueda de un modelo jurídico entre organizaciones sociales e instituciones públicas que acabe con la difusa situación actual.

En Cartagena hay programas para favorecer la inserción, como la atención y tratamiento de drogodependientes, el acompañamiento personal, la formación e inserción laboral, las ayudas económicas, recursos y prestaciones sociales o las facilidades de acceso a viviendas. Pero es conveniente analizar nuevos modelos de integración e intervención. Hemos de apostar por relaciones humanas más igualitarias, libres y dignas, empezando por concienciar a la sociedad en el respeto a estos principios de igualdad, libertad y respeto a los derechos humano. Están en la teoría, pero falta mucho para ponerlos en práctica.