La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) ha estimado el recurso que presentó la Abogacía del Estado contra una sentencia del Juzgado número 7 de Murcia que concedió una autorización provisional de residencia y trabajo a un inmigrante condenado por violencia de género. La Sala ha revocado la decisión adoptada por el juzgado, por lo que deja sin efecto la decisión que adoptó como medida cautelar. «Teniendo en cuenta el historial delictivo del recurrente la adopción de la medida no resultaba procedente», asegura el TSJ.