Un inmigrante cargado con bolsas en el recinto del campamento de Torrecilla. :: PACO ALONSO / AGM

Si alguna vez en estos cinco meses se ha ido, en las últimas horas ha vuelto y con más virulencia que nunca. La tensión ha regresado al campamento de Torrecilla donde siguen residiendo personas que se quedaron sin vivienda tras los terremotos del pasado 11 de mayo. El último de los conflictos tuvo lugar el pasado fin de semana entre los vigilantes privados encargados de controlar la seguridad y un grupo de veinte inmigrantes.

El motivo de este nuevo enfrentamiento está en la orden de desalojo que pesa sobre ellos al no haber aceptado ninguna de las opciones propuestas por la Administración regional, encargada de la gestión del campamento. Las soluciones propuestas son varias, entre ellas el pago del viaje de retorno a sus respectivos países de origen, el adelanto de cuatro meses de alquiler, o el conseguir trabajo a través de empresas de empleo temporal para poder tener acceso a una vivienda alternativa.

Los técnicos de la Concejalía de Servicios Sociales han sido los encargados de analizar detenidamente cada uno de los casos. La mayoría de los inmigrantes que siguen durmiendo en Torrecilla han aceptado las ayudas para pagar los primeros meses de alquiler, según confirmó ayer el alcalde, Francisco Jódar. «El campamento está siendo desmantelado con orden y dando alternativas a sus habitantes. Un total de 44 personas lo abandonarán esta semana tras más de cinco meses de estancia».

El primer edil negó que se hayan producido enfrentamientos entre los agentes de seguridad y los inquilinos, aunque admitió que «quedan flecos pendientes en el proceso de desmantelamiento del campamento, como personas que no han admitido ningún tipo de solución alternativa a la de quedarse dentro y no han querido ni asistir a las reuniones informativas». En los últimos días han sido 90 las personas que han habitado en el recinto, que inicialmente albergó a 1.500 personas.

El director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Luis Gestoso, que sí admitió que durante el fin de semana se vivieron momentos de tensión, explicó que los hechos se produjeron porque un grupo minoritario «pide una serie de medidas que son totalmente inasumibles».

Denuncia de abusos

El grupo municipal de Izquierda Unida ha sido uno de los colectivos que se ha hecho eco de las denuncias de abusos realizadas por algunos de los inmigrantes. Según apuntó ayer el concejal de Izquierda Unida, José García Murcia, «durante el fin de semana pasado, en varias ocasiones, los servicios de seguridad del campamento han intentado sacar por la fuerza, empujando y tirando de los brazos de los afectados, al grupo de 27 personas que viven en Torrecilla y que aún no han conseguido precontrato o contrato de alquiler».

Según García Murcia, «uno de los incidentes más graves se produjo el pasado domingo. Los forcejeos acabaron con una señora postrada en el suelo. Tanto es así, que tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios de emergencia». Desde la Dirección General de Emergencias confirman este hecho. «La ambulancia tuvo que atender a la mujer porque había sufrido un ataque de ansiedad».

Según el edil de IU, todo el problema radica «en el consentimiento que la Consejería de Sanidad tiene para con los guardias de seguridad, a los que incluso alientan para que consigan sacar, mediante procedimientos de dudosa legalidad, a los residentes del campamento. Lo que dio lugar a que el viernes por la tarde se publicase una orden de expulsión para 27 personas. Orden que ni estaba firmada por nadie en particular, ni rubricada, ni sellada».

No es la primera vez que los inquilinos del campamento muestran sus protestas por el trato «poco adecuado» que, según dicen, reciben de los responsables de la seguridad del recinto. Desde la Comunidad Autónoma siempre se han negado los supuestos abusos.