NO hay pobreza en el Sur que no termine repercutiendo en el Norte. No hay recorte presupuestario que no pase factura. Aquí se recortan servicios y sueldos, allí se mueren literalmente de hambre. Entidades como SOS Racismo, ANARASD u Onay van a tener que replantearse toda su actividad como resultado del último tijeretazo del Gobierno foral. Era el riesgo que se corría con la crisis, tocar al más débil, al inmigrante. La prioridad son los nacionales, aunque algunos de ellos ya lo eran, al menos de carné, pero precisamente debido al desempleo han perdido su blindaje, los papeles que les devolvían el estatus de legalidad. El derecho a vivir aquí ahora está condicionado a tener trabajo. Sin trabajo, no eres nadie si has venido de fuera, ya no eres necesario, tan sólo un inmigrante ilegal condenado a vivir en la invisibilidad por temor a la expulsión. Son historias con nombres y apellidos, realidades que conoce bien Beatriz Villahizan, miembro de SOS Navarra. Lleva el peso de las consultas a inmigrantes mañana y tarde al faltar desde octubre su compañero, Ion Kepa Soltxaga. Y es que los recortes también destruyen empleo directa o indirectamente en diferentes entidades sociales. A ellos les toca de hecho reducir del mínimo a uno el número de personas liberadas. Como si la estrategia fuera ir ahogando a los más pequeños alentando su desaparición progresiva. Eso sospechan aunque no siempre lo expresan, pero lo cierto es que las pequeñas asociaciones como SOS Racismo desempeñan un papel tan especializado y complejo que las hacen insustituibles. ¿Dónde acudirá un inmigrante sin papeles para denunciar que le han echado del trabajo?

SOS recibirá este año 3.600 euros menos. “En enero tendremos que reestructurar todo el proyecto”, afirma. Porque las denuncias se mantienen. “Lo tienen más difícil, por ejemplo, a la hora de renovar su tarjeta de residencia, sobre todo aquellas personas que no han cotizado lo suficiente y se han quedado en el paro. Es la irregularidad sobrevenida”, indica. A lo mejor estas personas han accedido a la primera tarjeta por la vía de arraigo social (tres años) o la agrupación familiar y llevan varios años de residencia, sin embargo, para la segunda y tercera tarjeta se les exige haber cotizado la mitad del tiempo y tener un contrato. La discriminación existe y, si se cometían abusos antes de la crisis, ahora más si cabe. ¿Qué se denuncian? Impagos de nóminas o indemnizaciones laborales, dificultades en el acceso al alquiler, entre otras muchas. “Muchos anuncios para alquilar viviendas son excluyentes. La propia red interna de los inmigrantes se encarga de ofertar habitaciones y es, en ese círculo, donde les resulta más fácil buscar un alojamiento”, reconoce Beatriz Villahizan. En cambio, para poder alquilar un piso la cosa se complica, para empezar porque les piden un aval bancario de 3.000 euros como mínimo, mucho dinero para personas que pueden estar en paro. Sólo por el hecho de ser extranjero se marcan diferencias respecto a los autóctonos a los que les flexibilizan las condiciones si hay un contrato de por medio. SOS también ha venido denunciando el racismo institucional que lleva implícita la propia Ley de Extranjería y sus sucesivos reglamentos. “Se ha creado un imaginario social entorno a la inmigración desde hace años, de gente que viene a competir por los recursos empezando por los puestos de trabajo, la vivienda, los servicios…”. Una inmigración que se vincula con inseguridad ciudadana y otros prejuicios. “Ahora, con la escasez de recursos esas situaciones se agudizan porque la prioridad son los de aquí”, señala. Ellos que han estado ocupando los sectores más precarios sin que nadie se quejara. Precariedad laboral, imposibilidad de pagar un alquiler o hipoteca, irregularidad… Por otro lado, SOS constata que se han incrementado los controles de identificación por parte de la Policía, aunque se desconoce cuántos de estos expedientes de expulsión se ejecutan. Otra línea de trabajo de SOS es la de sensibilización y formación que consiste en la organización de cursos a ciudadanos y centros educativos, formación de formadores… “Contamos con diez voluntarios pero vamos a tener que medir fuerzas a partir de ahora. El mayor problema será saber qué ocurrirá a partir del 2012 porque los proyectos están planificados mucho antes de conocerse los recortes”, admite.

el exilio saharaui

Salud y educación en el desierto

Ana González, de ANARASD (Asociación Navarra de Amigos de la República Árabe Saharaui) coincide en esa incertidumbre que se cierne sobre el 2012. “Estamos a mitad de octubre y todavía no hemos cobrado un solo euro, lo que trastoca todos los proyectos”, remarca. En el campo sanitario, se programan desde esta ONG navarra dos viajes al año para el traslado de médicos especializados y de Atención Primaria. Los viajes se realizaban en mayo y noviembre, pero se han aplazado a noviembre y mayo del año próximo. Los médicos especialistas llevan un año sin acudir a los campamentos de refugiados: cardiólogos, dermatólogos, equipos de salud mental y trauma. El equipo de Atención Primaria y enfermería trabaja en la wilaya del Aaiún apoyando el sistema sanitario de allí, trabajando con ellos y facilitando su formación, sobre todo de enfermeras y auxiliares. El recorte en la partida para microacciones afectará a los programas de igualdad y género en los que se viene trabajando desde hace más de diez años y que tenían un efecto “multiplicador” entre la comunidad femenina refugiada en Argelia. Se trata de cursos de crecimiento personal para reforzar el papel de las mujeres en los campamentos. “Ellas son musulmanas pero la mujer tiene un papel importante porque ellas han organizado prácticamente los campamentos mientras los hombres estaban en la guerra”, indica. "Los temas han ido cambiando. Las chicas que iban a Cuba con 12 años y volvían con 20 a otro entorno en el que se tenían que poner la melfa, ello generaba conflictos familiares. También se han realizado cursos de liderazgo para mujeres que encabezan muchas acciones sociales (comités de barrio, etcétera). Tres psicólogas vinculadas al programa de Salud Mental imparten estos cursos y formaban a su vez a otras psicólogas saharauis. “Ahora habrá que buscar otras alternativas porque de momento los viajes están paralizados”, indica.

Cada año se llegaba a más de 300 mujeres con este proyecto de bajo coste que se desarrollaba con personal voluntario que agotaba sus vacaciones y del que se costeaba únicamente el viaje. ANARASD ha impulsado en esta tierra olvidada dos proyectos de educación y salud, y ha promovido la construcción de un centro pedagógico para que personal docente elabore sus propios materiales educativos que hasta ahora llegaban de Argelia. Lo gestionan profesores saharauis con el apoyo de equipos de Pamplona. “El problema en zonas como el Sáhara se va a agravar porque la ayuda de los organismos internacionales se ha ido recortando, además de sufrir una situación geopolítica que no se soluciona”, reflexiona.

El peligro de menguar las partidas de cooperación y prevención o sensibilización es que se recurre al discurso de que la “prioridad” son los de aquí, “el ahora y nosotros en lugar de pensar en movilizar otros recursos”, admite Bea. Otro gran problema, añade Ana, es que "nosotros saldremos de esta crisis pero en los países del sur pasan hambre y llamarán a nuestras puertas. Somos solidarios cuando nos sobra, denuncian. El dinero que se aporta a estas entidades viene a ser “migajas”, pero con esas migajas y el compromiso de muchas personas voluntarias se lleva a cabo un trabajo ingente en cooperación. Otras pequeñas organizaciones también han sido presas de recortes como Onay (Organización Navarra de Ayuda entre los Pueblos), para dos proyectos en Guatemala, uno con mujeres y otro con comunidades urbanas marginales. Proyectos que llegan allí donde otras grandes ONG no están. El anillo solidario tiene muchos nombres aunque algunos de ellos pueden estar abocados a desaparecer, y su efecto multiplicador, para erradicar la pobreza, también.