Los planes del Ejecutivo británico para “reducir y controlar” la inmigración “descontrolada” del Reino Unido, centraron ayer un duro discurso de la titular de Interior, Theresa May, en el congreso anual del Partido Conservador que tuvo lugar en Manchester.

La ministra arremetió contra el legado del anterior Gobierno laborista y anunció una modificación de la legislación británica para facilitar la deportación de extranjeros que han estado en prisión y que invocan el derecho a la familia para permanecer en el país.

Este fue uno de los temas más comentados y polémicos en esta cita de la formación tory, que dio comienzo el pasado domingo y será clausurada hoy por el primer ministro, David Cameron.

May subrayó la necesidad de rebajar y controlar el número de inmigrantes que tiene el país, y abogó, en clara discrepancia con los liberaldemócratas (sus socios en el Gobierno de coalición), por la eliminación de la ley británica de derechos humanos, que traspone a la legislación local el contenido de la Convención Europea de Derechos Humanos.

También los graves disturbios ocurridos el pasado agosto en varias ciudades inglesas ocuparon parte de la comparecencia de May, que descartó que la causas estuvieran relacionadas con “política o pobreza” y lo achacó, en cambio, a la “avaricia y delincuencia” de sus responsables.