Los planes del Ejecutivo británico para «reducir y controlar» la inmigración «descontrolada» en Gran Bretaña centraron ayer un duro discurso de la ministra de Interior, Theresa May, en el congreso anual del Partido Conservador, durante el cual arremetió contra el legado del anterior Gobierno laborista y anunció una modificación de la legislación británica, que contempla la eliminación de la ley de derechos humanos, para facilitar la deportación de extranjeros que han estado en prisión y que invocan el derecho a la familia para permanecer en territorio británico.