Fuera de Barcelona, la prostitución callejera tiene poca presencia en los núcleos urbanos y se concentra en las carreteras. Muchos municipios han tratado de atajar el problema con multas, pero en el mejor de los casos solo han logrado desplazarlo. Los alcaldes claman por una legislación superior, autonómica o estatal, que lo afronte globalmente. Y más de uno duda de la idea lanzada por el conseller Puig de apelar a la seguridad vial, por temor a que ello devuelva a las chicas al interior de las poblaciones.
 

GIRONA La Jonquera tira la toalla con las multas En Girona, la prostitución en las carreteras tiene en pie de guerra a los alcaldes desde hace años. A falta de una ley de rango superior, los ayuntamientos han optado por sancionar a clientes y profesionales mediante las ordenanzas municipales. Un medida poco eficiente, ya que en la mayoría de los casos la chicas se declaran insolventes. Los únicos que pagan son los clientes, deseosos de que el incidente no trascienda. El año pasado, La Jonquera (Alt Empordà) renunció a las multas después de no cobrar ninguna de las 300 sanciones impuestas. Aun así, hay consistorios que siguen recurriendo a esta vía. Es el caso de Vilademuls (Pla de l’Estany), que acaba de aprobar una ordenanza que prevé multas de hasta 3.000 euros, y de Lloret (Selva), uno de los pocos municipios afectados por la prostitución callejera, que penalizará esta práctica en las nuevas ordenanzas. FERRAN COSCULLUELA BAIX LLOBREGAT El ‘burdel de la autovía’ crece hacia el Garraf La prostitución en la antigua autovía de Castelldefels es endémica desde que a principios de los años 90, con motivo de los Juegos Olímpicos, Barcelona cerró algunos de los más humildes meublés del Raval. A esa vía fueron a parar un buen número de prostitutas de la ciudad, que poco a poco fueron cediendo el terreno a chicas procedentes de otros países, víctimas en ocasiones de mafias de proxenetas. El cierre de los grandes prostíbulos del Baix Llobregat acentuó el problema de la prostitución de carretera en esa zona, ante la que la presión de las respectivas policías locales no ha sido jamás todo lo eficiente que reclaman los vecinos. La última novedad es la aparición de prostitutas ya en las costas del Garraf. El problema, pues, crece. C. COLS LLEIDA El conflicto no se resuelve, se traslada Cuando la ordenanza prohibió la prostitución en las calles de Lleida con multas de hasta 3.000 euros, las chicas de la carretera de Zaragoza se trasladaron a Alcarràs, Torrefarrera y Els Alamús, cuyos ayuntamientos se apresuraron a adaptar la normativa de la capital. Dos años después, el mapa del sexo en la calle ha cambiado. Ya no hay prostitutas en las cercanías del cementerio, sino que se concentran en Els Alamús y en el Centre Històric. En solo dos calles, Cavallers y La Palma, la Guardia Urbana ha puesto 127 multas entre enero y agosto, la mayoría a mujeres reincidentes y, en contadas excepciones, a clientes. La concejal de Urbanismo, Sara Mestres, pide una regulación estatal o autonómica que no solo prohíba la prostitución en las carreteras por motivos de seguridad vial, porque en ese caso el problema se agravará en las calles. «No nos engañemos, nadie quiere una prostituta delante de su casa. Es un problema transversal», dice. ROSA MATAS   MARESME Las sanciones municipales fracasan Tordera vuelve a reclamar al Estado y a la Generalitat una legislación más restrictiva con la prostitución. En esta localidad se han impuesto más de 500 multas durante dos años a las prostitutas que ejercen en la N-2. Unas sanciones de entre 300 y 1.000 euros que no abonan al declararse insolventes. Para el teniente de alcalde Josep Llorens, las multas no son efectivas, y la presencia de las mujeres en las carreteras «supone un problema de seguridad». En Mataró, la polémica sobre la prostitución se localiza en la lucha del alcalde, Joan Móra (CiU), contra la apertura de un macroprostíbulo que tiene paralizada momentáneamente la licencia de actividades. FEDE CEDÓ TARRAGONA La Guardia Urbana presiona en Reus La prostitución callejera en Tarragona se concentra tradicionalmente en carreteras como la N-340 y otras comarcales, lejos de los cascos urbanos de las principales poblaciones. Uno de los puntos conflictivos es el tramo de la C-14 entre Reus y Salou. La asociación de vecinos de la urbanización Parcelas Casas se ha quejado en repetidas ocasiones al ayuntamiento. El alcalde de Reus, Carles Pellicer

(CiU), situó la lucha contra este fenómeno entre sus prioridades. Para ello el consistorio prepara una nueva ordenanza de civismo más dura. Mientras, la Guardia Urbana mantiene controles periódicos y presiona tanto a las prostitutas como a los conductores que se paran en los arcenes.
RAFAEL MORALES