vitoria. La decisión del alcalde de Vitoria de luchar contra el fraude en las ayudas sociales ha suscitado una gran polémica. A priori, ¿es necesario ejercer un mayor control, ahora que con la crisis hay más personas en situación de vulnerabilidad, para garantizar que las prestaciones lleguen a quienes las necesitan?

Llevamos más de una década trabajando este tema y no creemos que el fraude en las ayudas sea el que dicen los responsables políticos. Por el contrario, creemos que se utiliza este discurso para realizar un drástico recorte sin alarma social.

Sin embargo, los datos de Lanbide reflejan que el 44% de los beneficiarios de ayudas sociales rechaza un trabajo cuando se le ofrece. De ser así, el derecho a recibir ayudas parece estar convirtiéndose en un abuso.

La ley de la RGI (Renta de Garantía de Ingresos) marca claramente las consecuencias para el beneficiario en caso de rechazo de un empleo. Y nosotros criticamos esta condición de forma generalizada. Creemos que habría que ir al estudio del caso. Conocemos a muchas mujeres solas con hijos muy pequeños que les ofrecen ser reponedoras de supermercado de 6 a 10 de la mañana, o limpiadoras de 8 de la tarde a 12 de la noche, sin darles ninguna solución con los hijos ¿Qué opciones tienen? El abuso es el de un sistema laboral que ofrece precariedad a tiempo parcial en horarios que no permiten compaginar vida familiar y laboral.

Una pareja que se ha quedado en el paro, cobra 1.200 euros al mes y tiene una hipoteca de 900 ni siquiera tiene la opción de esa madre de recibir ayudas porque supera los límites para recibirlas. ¿El sistema está mal?

Para cobrar 908 euros al mes, el beneficiario debe ser una familia de más de tres miembros, lo que supone perpetuarla en la pobreza, no sacarla de ella. Que una pareja cobre en conjunto 1.200 euros al mes nos parece lo mismo: se sitúa por debajo del umbral de pobreza. El sistema está muy mal porque Euskal Herria es el lugar de mayor concentración de riqueza de toda la zona euro. En Álava, según el Eustat, el PIB o riqueza generada en nuestro territorio en 2010 fue de 10.804,777 millones de euros, y los habitantes somos 317.016. A cada habitante nos tocaría algo más de 34.000 euros anuales, ¿Quién se queda con lo que en justicia social le toca a esa pareja, o a esa familia o a la pensionista de tu escalera? El problema es la gran concentración de rentas. Y con polémicas así nos desvían del verdadero problema.

Una polémica, por cierto, con tintes racistas, según los partidos de la oposición. El alcalde niega que sus medidas alimenten la xenofobia, pero las primeras que decide aplicar tienen que ver con el control del padrón.

La sociología y la psicología dejan claro el papel social de los chivos expiatorios. Cuando las tensiones sociales son muy fuertes el poder se apresura en señalar un culpable para quedar él, exculpado fuera de lo que se llamaría el grupo social legitimado. Siempre son los otros.

La oposición también ha acusado al alcalde de populista, por responder con supuestos fines electoralistas a un hartazgo que cada vez se escucha más a pie de calle. ¿Pero acaso así no se está reconociendo que existe una exigencia ciudadana para controlar el acceso a las ayudas sociales de la población inmigrante?

¿Exigencia ciudadana? ¿No es ciudadana la inmigrante que limpia mi lugar de trabajo ni esos niños que han hecho que el juego infantil vuelva a algunos lugares dónde ya no se oían risas? Mirémosles a los ojos, conozcamos su realidad, sus lágrimas y sus sueños y después contrastemos con lo que dicen machaconamente los medios de comunicación.

Analicemos las medidas del gabinete Maroto. Plantea la creación de una nueva figura, la de los inspectores del control del fraude o Policía del padrón. ¿Qué impresión le merece?

Puede ser buena como creación de nuevos empleos entre inspectores o policías. Por lo demás, es infravalorar todo el trabajo de la asistencia social que analiza con lupa cada caso antes de otorgar una ayuda. Creemos que el fraude es mínimo. Ayer decía el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Duräo Barroso, que la UE ha concedido desde 2008 más de cuatro billones de euros a la banca europea y la española es de las más beneficiadas. ¿Podrán reciclarse los inspectores para seguir el rastro de esas ayudas sociales que parece que no se han destinado a su finalidad, que era llegar hasta las pequeñas empresas y las familias?

Medio en broma, medio en serio, se leen comentarios en Internet a favor de poner otra Policía para controlar lo que hacen los políticos con su sueldo y los recursos públicos.

David el Gnomo te díría que con troll o sin troll están talando y quemando nuestro bosque.

El equipo de gobierno ha anunciado sanciones en caso de detectarse cobros irregulares de ayudas.

Hablan como si no existiesen dichas sanciones. La Ley 18/2008 y el decreto 147/2010 son taxativos al respecto.

El alcalde también apuesta por revisar la normativa. ¿Ahí sí coincide?

Los grupos sociales hicimos propuestas para mejorar la Ley 18/2008, que era más restrictiva que la anterior. No creo que la revisión del PP vaya en la línea de luchar realmente contra la exclusión económica de cada vez más personas en nuestra sociedad. Tratará de seguir recortando derechos a golpe de ley.

En el Parlamento Vasco, PSE y PP han acordado establecer tres años de padrón o cinco de cotización como criterios de acceso a las ayudas para, dicen, evitar el efecto llamada al que sucumbe la población inmigrante. Entonces, ¿cómo se explica que Burgos tenga el doble de extranjeros?

Nosotros conocemos muchos inmigrantes, muchos, que se han ido. No vienen a cobrar ayudas para mantenerse en la pobreza. Vienen buscando un trabajo digno para ayudar a sus familias. Y aquí, ahora, las posibilidades de trabajo son más escasas, los alquileres y la cesta de la compra son mucho más caros que en nuestro entorno y la RGI no cubre sus necesidades ni expectativas. Por eso, desde la crisis han salido más inmigrantes que los que han llegado.

¿Cree que algún día se acabará con esa imagen que siempre vincula la ayuda social con el inmigrante?

Cambiará cuando dejemos de mirar hacia donde señala el dedo del poder. Las estadísticas de Gobierno Vasco dicen que más del 50% de las pensiones de viudedad están por debajo del umbral de pobreza, una de cada tres personas menores de 45 años vive en el domicilio familiar porque no puede independizarse por motivos económicos, más de 900.000 personas en Euskal Herria tienen ingresos por debajo del umbral de pobreza. ¿Cuántos son inmigrantes?

“Si algo hay insolidario e injusto es acceder al sistema de ayudas sin acceder antes al mercado laboral”, ha dicho el alcalde. Y, al mismo tiempo, entre sus recortes aparecen los cursos de formación para mujeres.

Un 40% de la población vasca está trabajando por debajo de los 12.000 euros anuales, con lo que tener trabajo no los saca de la pobreza estructural. No hablemos de ayuda social, hablemos de justicia social, del derecho a tener unos ingresos mínimos garantizados por encima del umbral de pobreza, y a una formación permanente de calidad. Pero no olvidemos que el mercado laboral nos utiliza como elementos de usar y tirar. Querer trabajar y estar formado no equivale a ser contratado.

Si el anuncio del PP de lucha contra el fraude social hubiera ido acompañado de un ‘planning’ detallado para luchar contra el fraude fiscal, ¿la actitud de Elkartzen sería distinta?

No creemos que el fraude social sea importante. Por el contrario, el fraude fiscal es de los mayores de la UE. Según el catedrático Ignacio Zubiri, supera los 10.000 millones de euros, casi el presupuesto de todo el Gobierno Vasco. Por tanto, es ese fraude el que nos preocupa, sin ocultar que nos preocupa que se desvíe la atención sobre los perceptores de ayudas sociales, culpabilizándolos.

La presión de la oposición ha llevado al alcalde a comprometerse a crear un plan de lucha contra el fraude fiscal. ¿Qué propone Elkartzen?

El fraude está sustentado en parte por las mismas leyes fiscales. En Elkartzen pedimos una reforma de todo el sistema fiscal porque eliminado el fraude de ley, y cumpliendo que a igual renta se aplique el mismo tipo impositivo, se puede recaudar mucho más sin subir los tipos. Incluso se podría bajar el IVA en artículos de primera necesidad.