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EE UU detiene en una gran redada a 2.901 inmigrantes con antecedentes

Todos los detenidos habían sido arrestados anteriormente y serán deportados a sus países de origen

Diario Vasco, - REUTERS | WASHINGTON., 30-09-2011

Las autoridades estadounidenses han detenido a 2.901 inmigrantes ilegales con antecedentes criminales en el país, en una operación a nivel nacional que ha tenido una duración de siete días, según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). «Se va a ver una atención constante contra los delincuentes criminales por parte de esta agenda. Este no es el tipo de personas que queremos caminando por nuestras calles», dijo el director del ICE, John Morton.
La operación, denominada ‘Cheque cruzado’ fue descrita por la agencia como la más grande de este tipo. Las detenciones se produjeron en todos los estados del país, así como en cuatro territorios no incorporados. Entre los detenidos hay ciudadanos de México, República Dominicana, Panamá, Honduras y Nigeria.
Todos los detenidos habían sido arrestados anteriormente por crímenes en Estados Unidos y serán deportados. Más de 1.600 ostentan cargos de asesinato, intento de asesinato o tráfico de drogas, así como pertenencia a movimientos pandilleros y acusados por acoso sexual o violación. Entre ellos, 1.282 de los detenidos están acusados de múltiples cargos.
Morton indicó que cerca de un millón de inmigrantes ilegales con antecedentes podrían ser expulsados del país. El ICE ha afirmado que deporta a unas 390.000 personas al año, aproximadamente la mitad de ellos con antecedentes penales.
La reforma sanitaria
Obama acudió al Tribunal Supremo para que revise la constitucionalidad de su reforma sanitaria, que obliga a que todas las personas en EE UU tengan un seguro médico y que enfrenta varias querellas y el rechazo de los republicanos.
El Departamento de Justicia pidió al Supremo que revise la decisión de agosto pasado del Tribunal de Apelaciones del 11 Circuito Federal, en Atlanta (Georgia), que declaró entonces que una parte de la reforma es inconstitucional.
En su dictamen, no unánime, esa corte alegó que el Congreso «no puede obligar a que los individuos entren en contrato con compañías aseguradoras privadas para la compra de un producto caro desde el momento que nacen hasta que mueren».

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