Y. B. llegó a Almería el 19 de agosto de 2009 en patera. Como parecía menor se le hizo una radiografía en el hospital de la ciudad, según la cual tenía una edad ósea «de aproximadamente 16 años». Cinco días después, la Policía lo detectó en Valencia, donde le sometieron a una segunda prueba radiológica que concluyó: «Parece evidenciar que el varón explorado tiene una edad ósea aproximada de 18 años». El presunto menor aparece el 6 de septiembre, esta vez en San Sebastián, y cómo no se le hace una tercera radiografía que establece: «El grado de mádurez ósea corresponde a 17 años de edad aproximadamente». En menos de un mes nadie sabía la edad real de Y. B. y, por tanto, si debía ser expulsado o no de España. El caso es uno de los estudiados por la Defensora del Pueblo y su equipo en el informe «¿Menores o adultos? Procedimientos de determinación de la edad», que revela graves deficiencias en los procedimientos y el consiguiente desamparo en el que quedan algunos de estos chicos, que van pasando de una comunidad a otra sin que nadie mueva un dedo.

El de Y. B. es un caso extremo de «colección de edades» porque el chico facilitaba identidades distintas cada vez que era detenido por la Policía en una comunidad autónoma y por la repetición de pruebas en tan poco tiempo; pero no es un caso aislado. La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, quiere que se acabe con este dislate y para eso ha propuesto una serie de recomendaciones (41), al tiempo que denuncia lo que está ocurriendo.

Los procedimientos para determinar la edad no reúnen las garantías necesarias (no es suficiente con una prueba radiológica, sino que deben intervenir expertos en medicina legal); no hay criterios comunes, es decir, se aplican de forma distinta en cada comunidad autónoma e, incluso, dentro de una misma comunidad; el Registro de Menores no Acompañados inmigrantes que llegan solos a nuestro país es «inoperante» e «impide estadísticas fiables», según denuncia el informe; estos menores no cuentan con asistencia letrada, de ahí que se pida una modificación legislativa para acabar con este vacío. El informe deja patente la escasa implicación de la Fiscalía General del Estado en algunas ocasiones, a la que se solicita que dicte una instrucción sobre cómo deben actuar los fiscales desde que el supuesto niño llega a España.

Otro de los casos analizados es el de una chica nigeriana, F. J., recogida de una patera en Motril (Granada) el 9 de agosto del año pasado. Ella dijo que era menor de edad y la Policía informó al fiscal. Dos días después se autorizó la radiografía: «Edad ósea de 18 años, según los criterios establecidos por Greulich y Pyle para varones de raza blanca en la costa este de USA». La mujer era negra y nigeriana. El fiscal concluyó que era mayor de edad y se acordó su devolución. Mientras, ingresó en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga. Pese a la intervención del Defensor del Pueblo la chica insistía en que era menor, fue expulsada el 2 de septiembre. El problema es que, según los expertos médicos que han participado en el informe, el resultado de la prueba radiológica «nunca es exacto» y arroja una horquilla que puede llegar a ser de tres años, de forma que un menor de 16 puede ser tomado por un adulto de 19.