El joven que responde a las iniciales Y.B. arribó en patera a la costa de Almería el 19 de agosto del 2009. Tras ser detenido, aseguró que era menor, pero ante las dudas suscitadas, las fuerzas de seguridad le llevaron a un hospital para verificar su edad a través de una radiografía de la mano izquierda. El dictamen médico estableció que tenía una edad de 16 años, por lo que fue ingresado en un centro de protección de menores. Hasta ahí nada se aparta de la normalidad. Pero el menor se escapó y solo cinco días después fue detenido en Valencia, donde se le practicó otra prueba que dio como resultado que el chico tenía… !18 años¡. Y el 9 de septiembre apareció en San Sebastián donde, tras una tercera radiografia, se le adjudicaron… 17. Tres edades diferentes en menos de un mes. Un día era menor, al siguiente mayor de edad, pero después otra vez menor.
Este es uno de los múltiples ejemplos que la defensora del pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha incluido en el informe ¿Menores o adultos? presentado ayer en el que denuncia el caos administrativo la y la falta de rigor a la hora de determinar la edad de los inmigrantes irregulares que aseguran ser menores. «Este caso es especialmente llamativo por la repetición de pruebas en un corto espacio de tiempo. Sin embargo, no es un caso aislado, sino que se ha podido encontrar de manera repetida en varios supuestos», apunta el documento.

LAS RAZONES / ¿Por qué éste desbarajuste? Las razones son varias, según la defensora. En primer lugar, las distintas administraciones que intervienen aplican «una amplia diversidad de prácticas» en un proceso, el de la determinación de la edad a partir del desarrollo óseo que ya de por sí es incierto y solo puede ser aproximado. Las pruebas practicadas carecen muchas veces del «mínimo rigor científico» y en muchas de ellas «no se respetan los derechos de los menores». «La inoperancia del registro de menores no acompañados» facilita la repetición de las pruebas al mismo individuo. No es la primera vez que el Defensor del Pueblo levanta la voz contra estas prácticas. También lo ha hecho el Síndic en Catalunya y varios magistrados han revocado algunas pruebas destacando también la falta de rigor. Pero el presentado ayer sí es el informe más exhaustivo y global conocido hasta ahora. En él se indica también el camino a seguir. Cava de Llano pide que a la hora de determinar la edad se tengan en cuenta los grandes márgenes de error que presentan las técnicas utilizadas, que se presente asistencia letrada gratuita a los inmigrantes mientras dura el trámite y que se establezca un protocolo de colaboración que evite duplicidades y dictámenes contradictorios. Más rigor y un poco de orden, en definitiva. H