Un inmigrante puede ser adulto o adolescente en función del lugar donde le examinen, según denuncia en un informe el Defensor del Pueblo, en el que expone el caso de un joven al que sometieron a pruebas radiológicas para determinar la edad ósea en hospitales de la Comunitat Valenciana, Andalucía y Madrid. Los resultados fueron diferentes en un intervalo de dos semanas.

Bajo el título ‘¿Menores o adultos? Procedimientos para la determinación de la edad’, la institución que dirige María Luisa Cava de Llano ofrece un catálogo de deficiencias detectadas en estos procedimientos, a través de la exposición de casos prácticos, opiniones de expertos médicos, representantes de administraciones, Fiscalía y ONG.

De hecho, una de cada tres quejas recibidas en la Institución en los tres últimos años, relacionadas con la inmigración y la extranjería, tuvieron que ver con estos niños que son tomados por adultos y quedan así en situación de desamparo: no reciben protección de los servicios sociales y, si su país de origen tiene convenio con España, acaban siendo repatriados junto a compatriotas mayores de edad. En total, la Institución ha revisado entre 400 y 500 expedientes. En muchos de ellos se produjeron irregularidades que Cava de Llano atribuye a la falta de criterios homogéneos para la determinación de la edad.