pamplona. Técnicos de los Servicios Sociales de Base de Navarra manifestaron ayer a la consejera de Política Social, Elena Torres, su temor a que los recortes previstos en el departamento afecten finalmente a prestaciones garantizadas como la renta básica y la Ley de Dependencia. La consejera mantuvo una reunión con los responsables de los distintos servicios sociales para explicarles las líneas de actuación del departamento y conocer de primera mano sus demandas.

Torres solicitó a los asistentes que enviaran sus aportaciones y análisis al departamento para elaborar un documento base de trabajo para después estudiarlo, previsiblemente, por zonas geográficas para ser más operativos.

La consejera trasladó a los profesionales su deseo de mejorar el funcionamiento, coordinación y eficiencia de los servicios y apuntó que para esta legislatura está previsto elaborar el Segundo Plan Estratégico de los Servicios Sociales 2013 – 2017, abordar la extensión del modelo de centro de servicios sociales que ya existe en Estella, impulsar el Segundo Plan de Calidad de servicios Sociales 2014 – 2017, y, por último, aprobar el Decreto Foral para la financiación de los servicios y programas de los Servicios Sociales de Base. Asimismo, expresó su voluntad de que el cauce de diálogo y participación se mantenga abierto.

Los profesionales, por su parte, preguntaron a Torres por el retraso en el cobro de la renta básica y las prestaciones de la Ley de Dependencia.

La consejera recordó sobre la primera de las cuestiones su intención de introducir cambios en la renta básica para mejorar la gestión. El departamento estudia con este fin los sistema aplicados en otras comunidades autónomas en las que se han endurecido los requisitos para acceder al cobro de esta prestación y en las que, por ejemplo, los inmigrantes no van percibir renta básica si no están regularizados, cuando hasta ahora únicamente se les exigía estar empadronados y contar con un año de residencia, según comentaron técnicos que asistieron al encuentro.

El departamento debe cubrir un déficit no previsto de entre 4 y 5 millones de euros para renta básica. Este desbordamiento del presupuesto hace temer a los técnicos que finalmente en Navarra también se reduzca el número de beneficiarios de renta básica con cambios en los requisitos de acceso o en los plazos de abono de la renta. La consejera explicó a este respecto su intención de establecer dos itinerarios, uno para personas en riesgo de exclusión de forma estructural y otro para personas que tienen derecho a la renta básica por encontrarse en una situación coyuntural de falta de empleo y prestaciones, el 70% de los casos.

En relación con la Ley de Dependencia, los expertos informaron de que Torres anunció que los dependientes valorados como moderados de nivel 2, la penúltima menos grave, tendrán derecho a prestaciones a partir de julio, pero no concretó cuáles serán. Este grupo de dependientes entró en el sistema a principios de año, tal y como fijaba la ley estatal, sin embargo hasta ahora Navarra no ha adoptado medidas en este sentido.

Además, dejó en el aire la posibilidad de no financiar actuaciones que no estén recogidas en la Cartera de Servicios Sociales, como ayudas a asociaciones o ayudas extraordinarias de emergencia, que dependen de la disposición presupuestaria.