Más de 300 personas se manifestaron ayer en Alicante para pedir una vivienda digna y la agilización de la propuesta del alquiler social que presentaron las asociaciones de afectados por la hipoteca al Congreso de los Diputados. El acto, organizado por las plataformas de afectados de Orihuela, Torrevieja, Elche e Ibi, comenzó frente a la Diputación Provincial y acabó en la Plaza del Ayuntamiento de la capital.

En el evento se reunieron gran parte de los afectados de la provincia, que se situa en torno a las 200 familias según los organizadores. Además de los diferentes colectivos que solicitaban una vivienda digna, también se pidió la colaboración a los partidos políticos y los sindicatos. Según los organizadores, acudieron a la protesta Izquierda Unida, algunos miembros del PSOE, así como UGT y CCOO. Los participantes de los sindicatos y partidos no asistieron en representación de los mismos, sino a nivel particular, por lo que no se mostraron pancartas con los distintivos de estas organizaciones a petición de las plataformas de afectados.

Los organizadores se mostraron muy contentos por la acogida de la manifestación, a pesar de organizaron en apenas dos semanas. Así, Desiré Montero y Javier Martínez, coordinadores de los colectivos de Torrevieja y Orihuela respectivamente, consideraron «vital» que se agilicen los tramites para que la propuesta por un alquiler social salga adelante.

Una de las afectadas era Mari Carmen N. Z., que se desplazó desde Benejúzar e indicó que fue la primera persona que denunció en toda España «la estafa que el banco me hizo firmar». Ella explica que pagó durante cuatro años su hipoteca, pero que ésta subió de 475 euros a 630 durante ese tiempo.

«Cuando fui al juzgado me miraban por encima del hombro porque soy inmigrante y se reían de mí por muerta de hambre, pero ahora mira como está este país, donde se tienen que hacer manifestaciones por un derecho reconocido constitucionalmente», añadió la afectada.

Mari Carmen tiene ocho personas a su cargo, cinco hijos y dos nietos, está en paro y se enfrentará en breve a su tercer desahucio. Sin embargo,s ella no pierde sus ganas de luchar y considera que su casa «no es del banco, además si nos tiran, no tenemos donde ir».

Otro de los casos es el de Natalia Moreno, de Torrevieja. Ella acaba de encontrar un empleo en el que le van a pagar 345 euros, mientras que hasta ahora cobraba el subsidio de 425. Tiene dos hijos a su cargo, está divorciada y asegura que su exmarido solo le pasa la pensión «cuando quiere». Su hipoteca es de 389 euros y ya ha intentado renegociar la deuda con el banco, aunque se la rechazaron. Ahora, gracias a la abogada del colectivo de afectados murciano intentará que se la acepten.