La extrema derecha emergente europea ha ganado su primera gran batalla en el seno de la UE prohibiendo la entrada de Rumanía y Bulgaria en el espacio de libre circulación de Schengen. Finlandia y Holanda opusieron ayer su capacidad de veto a la propuesta de la Presidencia de turno para que Bucarst y Sofía entren a formar parte del Tratado, que elimina los controles fronterizos entre sus miembros.

El argumento de ambos Gobiernos es que tanto Rumanía como Bulgaria siguen presentando «graves deficiencias» en el control de la delincuencia organizada, en la corrupción y en la consolidación de un sistema judicial fiable y eficiente.

«Hay una evidente falta de confianza en estos aspectos y no podemos precipitarnos. Decir sí ahora puede ser dañino para el futuro de la Unión Europea y sus instituciones», aseguró el titular de Inmigración holandés, Gerd Leers. «Si los controles son flexibles, hay posibilidades de que los delincuentes puedan traficar con mujeres, armas, jóvenes y drogas. Ésta es la situación actual», zanjó el ministro.

Tanto Holanda como Finlandia han defendido la «honestidad» de su respuesta frente a la alternativa que ofrecían otros grandes países de la UE -entre ellos España-que defendían una adhesión en dos fases. En la primera, de aplicación inmediata, se abrirían las fronteras marítimas y áreas. En vista de su resultado, llegaría la segunda fase, con la eliminación de los controles terrestres. Pero el titular de Inmigración holandés insinuó que esta posición evidencia que «otros países también tienen reservas para permitir ahora la entrada de Bulgaria y Rumania a Schengen».

Tras el rechazo, el ministro del Interior rumano, Traian Igas, lamentó que la UE haya decidido «cambiar las reglas a mitad del juego» y consideró que su país, al igual que Bulgaria, ha seguido paso a paso las condiciones que los 25 estados miembros de Schengen habían impuesto para su incorporación. Más duro fue el titular polaco, Jerzy Miller, que ejerce durante este semestre de presidente del Consejo del Interior y que calificó de «promesa rota» la decisión adoptada por Finlandia y Holanda, a quienes acusa de haber acabado con «el principio de solidaridad de la Unión Europea».

La creciente presencia de fuerzas políticas de extrema derecha en ambos países ha provocado un giro en la forma de negociar los asuntos comunitarios. Holanda asegura que su veto responde al «sentimiento de todo el Parlamento», pero la realidad es que el PPV de Geert Wilders ha llevado al Gobierno liberal de Mark Rutte a una postura euroescéptica. Algo parecido pasó en Helsinki, donde los Auténticos Finlandeses cuentan con el 19% de los votos.

En lo que sí parece haber un consenso entre los Veintisiete es en rechazar la propuesta de la Comisión para reforzar Schengen, que contempla la pérdida de soberanía de los Estados miembros en favor de decisiones adoptadas por el conjunto de países. «Los temas de seguridad nacional son el último reducto de soberanía de los Estados. No parece razonable someterlos a decisiones de la Comisión», aseguró ayer el secretario de Estado español de Seguridad, Justo Zambrana.

Un debate abierto

>Ampliación de las fronteras. La entrada de Rumanía y Bulgaria en Schengen se pospone ahora hasta que la Comisión vuelva a presentar un informe sobre ambos países, previsto para febrero.

>Reforma del Tratado. La comisaria del Interior, Cecilia Malmstrom, se encontró con la oposición de la mayoría de los países a su propuesta de reforma.

>Pérdida de soberanía. El argumento de los Estados que se oponen al cambio es que la propuesta de Bruselas resta capacidad a los Gobiernos nacionales para decidir sobre el cierre de sus fronteras.