La gran mayoría de los vascos (el 97%) quiere que los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) muestren voluntad de incorporarse a un empleo y el 88,8% no ve nada mal que se les suprima la prestación cuando rechazan un puesto de trabajo o un curso de formación ofrecido por la Administración. Y también la gran mayoría cree que las instituciones deben controlar el cobro de ayudas sociales para evitar los casos de fraude (97,2%).
Estas son las principales conclusiones de una encuesta sobre la reforma de la Ley de Renta de Garantía de Ingresos que presentó ayer la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta. Los resultados del estudio, realizado con las respuestas de un millar de ciudadanos, suponen un espaldarazo al texto legal que se aprobará en breve en el Parlamento Vasco y con el que la consejería pretende vincular el cobro de prestaciones con la activación del empleo.
Zabaleta insistió ayer en que el objetivo de la reforma es «hacer sostenible el sistema de ayudas sociales, prestigiarlo, acreditar que sea justo y solidario y hacer que sirva como puerta de salida hacia la formación y el empleo».
Esta «puerta de salida» es una de las principales novedades de la reforma. La nueva ley establece que quien rechace una oferta de trabajo y falte a un curso de formación pierda la RGI que percibe. Además, los perceptores de estas ayudas deberán estar disponibles para desempeñar trabajos al servicio de la comunidad con carácter extraordinario, medida que respalda el 79,6% de los encuestados. También cuenta con un gran apoyo (88%) la decisión de que para cobrar la RGI el peticionario deba estar empadronado un mínimo de un año en Euskadi con el requisito añadido de haber cotizado durante cinco años a la Seguridad Social.
La consejera insistió ayer en la importancia de prestigiar el sistema social vasco y a sus beneficiarios, ya que «una parte importantísima de la sociedad cree que coexiste con el fraude». Sin embargo y pese a los recelos, la encuesta refleja el papel que desempeñan las prestaciones como colchón ante la adversidad. Según el estudio, el 95,5% de los vascos asegura que, «en el caso de quedarse sin trabajo, sin recursos y haber agotado su prestación por desempleo, le gustaría optar a una ayuda social como la RGI».
El País Vasco concentra el 38,4% del conjunto de titulares de renta mínima de ingresos y un 40% del gasto relacionado con estos programas en el Estado. En la actualidad, según Asuntos Sociales, la RGI cubre el 100% de las situaciones de pobreza en Euskadi.