Bilbao. Los obstáculos interpuestos para alcanzar las ayudas sociales han sido justificados por la consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Gemma Zabaleta, a través de una encuesta presentada ayer en Bilbao realizada entre el 6 y el 12 de septiembre a ciudadanos vascos de distinto nivel económico y social.

Se da la circunstancia de que la consejera ya se apoyó anteriormente en argumentos como la sostenibilidad del sistema de protección social y acusó de “excesivos” los recursos destinados a la renta de garantía de ingresos (RGI) para justificar la mengua de ayudas. Otro de los argumentos utilizados por Zabaleta fue la lucha contra el fraude. Para apoyar este recorte, en la encuesta presentada ayer, se preguntó a los entrevistados cuestiones obvias del calibre, por ejemplo, sobre si “las instituciones deben controlar el cobro de ayudas sociales para evitar el fraude”, una cuestión que lógicamente ha tenido una respuesta a favor del 97,2% entre los más de 1.000 encuestados. Destaca del sondeo que más del 82% de los ciudadanos entrevistados estima que, en general, existe fraude en el cobro de las ayudas sociales. A este respecto, Zabaleta afirmó que “es demasiada la sociedad que cree que en este sistema se mantienen situaciones fraudulentas. Es absolutamente necesario dignificar el sistema y ponerlo en valor”. La consejera extrajo, como conclusión del sondeo para intentar justificar la necesidad de la reforma de la Ley de Garantía de Ingresos, que la sociedad vasca “avala el sistema de protección social vasco, es decir, que apoya el que haya un sistema que garantice las situaciones de necesidad o de falta de recursos”. Pero con el acuerdo entre el PSE y el PP el límite para acceder a las prestaciones sociales quedará establecido en tres años de empadronamiento cuando antes era uno, a lo que se añade el requisito de haber cotizado durante cinco años a la Seguridad Social.

Este cambio ya suscitó el rechazo de varios colectivos y asociaciones como el Consejo de la Juventud de Euskadi, Berri – Otxoak o SOS Racismo. Sin embargo, a pesar de estas medidas, la consejera sostuvo que con la reforma la distribución de los recursos será “más justa” para que el sistema llegue a los más necesitados", a pesar de que esta medida dificultará el cobro de ayudas por parte de varios colectivos. Los discapacitados, jubilados y personas en riesgo de alta exclusión social quedarán exentos en la RGI. “No vamos a recortar derechos, sino que vamos a crear un sistema más justo, porque la solidaridad de los vascos es excelente pero no ilimitada, no puede pagar todo”, aseguró Zabaleta. Las reformas se aplicarán a partir del mes de enero y no tendrán un carácter retroactivo.

Coste desconocido En cuanto a la encuesta, cuyo coste no quiso desvelar Zabaleta, se desprende que el 95% de los consultados en el sondeo, llevado a cabo entre el 6 y el 12 de septiembre, aboga por un control de las instituciones para evitar posibles fraudes. Nueve de cada diez están a favor de la eliminación de la prestación a aquel que rechace un empleo o cursos de formación, porque casi el 90% de los encuestados apoya que quienes perciban la renta de garantía de ingresos deben demostrar voluntad para encontrar un empleo. Esto apoya la afirmación según Zabaleta de que lo que el Gobierno pretende ahora es “ofrecer recursos económicos y oportunidades a las personas”, a pesar de los recortes anunciados.

Euskadi tiene el 38,4% del total de titulares de renta mínima de ingresos y un 40,2% de gasto relacionado con estos programas en el conjunto del Estado, pero representa solo el 2,4% de la población del Estado en una situación de riesgo de pobreza. Según el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos cubre el total de las situaciones de pobreza en Euskadi.