EEUU tenía previsto ejecutar esta madrugada a Troy Davis, en el corredor de la muerte hace 20 años por el homicidio de un policía en 1989, a pesar de la existencia de numerosas dudas y contradicciones en la acusación de la Fiscalía, de la falta de pruebas sobre su autoría y de una movilización social y política – incluida una carta de Benedicto XVI – sin precedentes. EEUU es con Arabia Saudí, China, Irán y Yemen uno de los países que más personas somete a la máxima pena desde que en 1976 restableciera el asesinato legal – se ha vuelto a abolir en 14 Estados, pero en 34 sigue vigente – . La pena capital es la negación más extrema de los derechos humanos: consiste en el homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado en uso del privilegio que le concede el monopolio legal de la violencia, y en nombre de una supuesta justicia. Es un castigo cruel, inhumano y degradante. Es discriminatoria y a menudo se utiliza de forma desproporcionada contra los económicamente desfavorecidos, minorías y miembros de comunidades raciales, étnicas y religiosas. Sin olvidar que ha sido y sigue siendo un instrumento de represión política. Se impone y se ejecuta arbitrariamente. De hecho, los presos ejecutados no son necesariamente aquellos que cometieron los peores delitos, sino los que eran demasiado pobres para contratar a un abogado hábil o los que se enfrentaron a fiscales más duros o jueces más severos o tuvieron la mala suerte de coincidir con una campaña del político inadecuado. Y es inevitable que se cobre víctimas inocentes: mientras la justicia humana sea falible, no se podrá eliminar el riesgo de ejecutar a un inocente.