Inmigración, interculturalidad, plurilingüismo… Son palabras cada vez más familiares sobre las que diversos expertos disertaron ayer en las jornadas ‘Interculturalidad: herria, hizkuntza eta hezkuntza’ organizadas desde la cooperativa Emun, dedicada a la euskaldunización del ámbito laboral. El encuentro, celebrado en Villa Suso, contó con la intervención del político Oriol Amorós, secretario de Inmigración en el anterior Gobierno catalán, donde se creó la Ley de Acogida.

Actualmente diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Amorós sostiene que esa medida «no son servicios gratuitos ni derechos, sino una caja de herramientas para que la gente construya su propia igualdad de oportunidades». Según ilustra, la lengua juega un papel importante en las políticas de integración de otros países europeos. «En Francia, el proceso de acogida conlleva 400 horas de aprendizaje de francés; en Holanda, 600 de holandés; en Alemania, 800 de alemán; y en los países nórdicos como Noruega y Suecia, 2.000 horas de sus lenguas». Y sin duda, sostiene Amorós, «aquí habría que hacer lo mismo», ya que «la lengua es la herramienta que permite tener autonomía personal».

En Cataluña, donde el 17% de la población es inmigrante, «en torno a un 7% no domina ni el catalán ni el castellano», lo que supone una clara barrera. Muestra de ello son los países anglosajones, donde «han comprobado que el proceso de integración es mucho más rápido con el aprendizaje del inglés». De hecho, «los inmigrantes que dominan el inglés tienen unos salarios un 60% superiores a los que no lo hacen». Eso demuestra que «en cualquier país el dominio lingüístico te da muchas más oportunidades, y sin duda en Cataluña y en el País Vasco se puede vivir sin saber catalán o euskera, pero no se puede acceder a la igualdad sin las mismas competencias lingüísticas que los demás ciudadanos».

De hecho, «el inmigrante entiende que para acceder a las clases medias la competencia lingüística en las dos lenguas oficiales es necesaria». En Cataluña, matiza, «aquel que habla catalán, automáticamente deja de ser visto como inmigrante».El diputado conoce bien la alarma social que surge a raíz del choque cultural entre la inmigración y la población autóctona, por ejemplo, a la hora de abrir centros de culto como las mezquitas, un caso de rabiosa actualidad en la capital alavesa. Para Amorós, el modo de abordar esa problemática es «con valentía por parte de los políticos, que deben defender las libertades y el estado de derecho, y uno de sus componentes es la libertad religiosa». En este sentido, «hay que aprender de Francia, un estado laico con una ley que prohíbe la actuación de los poderes públicos en el ámbito religioso, y sin embargo después de pasar una larga etapa de mezquitas en los garajes, facilitaron la posibilidad de ubicar centros de culto en sitios abiertos, y gracias a ello los inmigrantes han mejorado su percepción pública y su integración». En síntesis, «no defiendo que el poder público deba financiar las mezquitas, pero se deben buscar soluciones razonables y hay que respetar la libertad religiosa».

Ayudas sociales

Respecto al debate sobre las ayudas sociales, «tiene sentido exigir una temporalidad, como para las de vivienda para jóvenes, que son muy costosas, y es lógico que aquellos que han cotizado tengan prioridad». No obstante, «hay que entender el objetivo de las ayudas sociales, y lo fundamental para la integración es la igualdad. Lo que no puede ser es que las ayudas de emergencia se les pongan unos condicionantes que impidan conseguir ese objetivo».