Donostia. El diputado de Política Social de Gipuzkoa, Ander Rodríguez, advirtió ayer de las “graves consecuencias” que acarrearán en el territorio los recortes sociales pactados por el PSE y el PP para modificar la Ley de Garantía de Ingresos y la Inclusión social. Según sus estimaciones, " alrededor de 600 personas" se quedarán cada año sin esta prestación económica en el territorio, una cifra que dejará casi 2.000 personas “en situación de pobreza, desprotección y riesgo de exclusión social en un periodo de tres años”.

Rodríguez alertó de que el endurecimiento de los requisitos para el acceso a esta prestación, especialmente el aumento del tiempo obligatorio de empadronamiento de uno a tres años, supondrá “la exclusión de miles de personas de la red de cobertura social”.

Como se recordará, éste no será el único cambio planteado por el Gobierno Vasco, ya que las personas que lleven menos de tres años empadronados en un municipio vasco, tendrán que acreditar cinco años de vida laboral cotizado para el Estado para poder acceder a dichas prestaciones y la situación de los beneficiarios será revisada cada seis meses.

Además, el proyecto de ley prevé traspasar las competencias de la Renta de Garantías de Ingresos (RGI) de las diputaciones a Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, unas modificaciones que no han sido bien acogidas por parte de los partidos de la oposición y colectivos sociales.

Tal y como hizo el mismo día que se dio a conocer el principio pacto entre el PSE y el PP, ayer, Ander Rodríguez volvió a atacar el endurecimiento de las condiciones. Y es que, según informó, esta medida afectará al año a 600 personas que venían recibiendo las prestaciones. Además, especificó que 50 personas con menos de tres años de empadronamiento en la CAV solicita todos los meses de media esta prestación en Gipuzkoa.

Como recordó, esta ayuda es concedida “a quienes carecen por completo de ingresos o no alcanzan el nivel suficiente para hacer frente, tanto a los gastos asociados a las necesidades básicas, como a los gastos derivados de un proceso de inclusión social”.

El diputado hizo hincapié en que la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, "no ha dado una sola razón para endurecer los requisitos y excluir a estas personas de la Renta de Garantía de Ingresos. “Sin embargo, queda claro que la idea que subyace tras estos recortes sociales es la criminalización, exclusión y persecución de la población pobre y migrante”, apuntó. A este respecto, el diputado de Política Social calificó de “lamentables” las declaraciones de Zabaleta sobre los colectivos sociales que han criticado la reforma, a los que la consejera acusó de “utilizar” y “estigmatizar” al inmigrante. “Estas declaraciones son un insulto. Estas plataformas son la voz de los que no tienen voz, y deberían ser escuchadas por la consejera, al igual que los sindicatos, la mayoría de los partidos políticos y las instituciones que nos oponemos a esta reforma”, manifestó el mandatario foral.

Rodríguez añadió que el pacto anunciado por PSE y PP para la modificación de la Ley de Garantía de Ingresos y la Inclusión Social “supone un retroceso en la consolidación de los derechos humanos”, al tiempo que le recordó a la consejera que “la erradicación de la pobreza es un deber democrático”.

Oposición La reforma de la Ley de Garantía, que será debatida en enero, ha suscitado duras críticas por parte de partidos de la oposición y colectivos sociales.

Por de pronto, el PNV ha anunciado que no apoyará la medida porque considera que representa un “recorte social” y “desvirtúa el espíritu inicial” de la normativa que regula las condiciones de acceso a las prestaciones sociales", tal y como expresó la parlamentaria jeltzale Garbiñe Saez.

Desde EA, Juanjo Agirrezabala se expresó en términos similares al afirmar que “supone un retroceso inaceptable que va a dejar desamparadas a muchas personas en situación de necesidad”.

Por su parte, el parlamentario de Ezker Batua, Mikel Arana avanzó que votaría en contra de la reforma porque “aniquila la protección social en Euskadi” y “criminaliza la pobreza y la exclusión”.

Desde los colectivos sociales, Harresiak Apurtuz, la red europea Eapn Euskadi, Hirekin/Gizardatz (Asociación de Entidades de Iniciativa e Intervención Social en Euskadi), la redReas – Euskadi y la asociación de empresas de inserción Gizatea, con el apoyo de la Mesa de Redes del Tercer Sector de Acción Social, también expresaron su rechazo a la modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

A su entender, la reforma planteada introduce “un cambio fundamental en el espíritu” de la ley aprobada en 2008 "con la excusa de una optimización del sistema vasco de aumenten los requisitos de entrada y permanencia en el sistema de protección social vasco atendiendo a criterios puramente económicos, sin entrar a valorar las situaciones personales que afectan a quienes solicitan esa prestación.