Bilbao. Las intensas y argumentadas críticas expresadas por agrupaciones sociales, sindicatos y partidos que han bautizado al acuerdo a dos bandas entre socialistas y populares para endurecer los criterios de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos y a la Prestación Complementaria de Vivienda no han hecho mella en la renovada y desconocida postura de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales.

El mal ejemplo de ello lo dio ayer Gemma Zabaleta cuando tensó un poco más la situación al acusar a plataformas como SOS – Racismo, Cáritas, el Consejo Vasco de la Juventud, Mujeres del Mundo o Harresiak Apurtuz de poner al colectivo de personas inmigrantes en la diana de las murmuraciones y de los análisis despectivos de la población en general cada vez que sacan a la luz pública injusticias. “Estos colectivos que siempre utilizan al inmigrante son los que más los estigmatizan porque estas reformas no tienen nombre ni apellidos, ni color, ni identidad; no están pensadas para excluir a unos u otros sino para ser exigentes y que nadie se aproveche del sistema”, declaraba la consejera en Radio Bilbao.

Tras estas duras palabras, Zabaleta prolongó sus criticadas valoraciones sobre la reforma de la Ley de Garantía que será debatida en enero y cuya evaluación no contará con el voto favorable de la formación jeltzale en tanto en cuanto representa un “recorte social” y “desvirtúa el espíritu inicial” de la normativa que regula las condiciones de acceso a las prestaciones sociales, tal y como expresó ayer Garbiñe Saez, parlamentaria del PNV.

“Resulta preocupante el giro de 180 grados dado por la señora Zabaleta en su discurso. Cuando era miembro del Grupo Socialista y portavoz en Asuntos Sociales, fue la más beligerante en contra de cualquier tipo de recorte social, y, ahora, estando en el Gobierno, se ha convertido, de la mano del Partido Popular, en la principal impulsora de este tipo de cambios”, dijo.

También empleó la jeltzale el término “demagogia” para referirse a la actitud de la consejera, un calificativo que tomaron prestado desde Cáritas para describir el alegato de defensa de Zabaleta. Fueron Idoia Pérez de Mendiola y Carmen Badiola quienes tacharon de “inaceptables” y “muy fuertes” las opiniones de la responsable del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. “Es una demagogia todo su discurso. Defendemos a los colectivos más desfavorecidos porque las instituciones no lo hacen y ahí estamos nosotros”, apostillaba Badiola.

Su compañera a pie de calle, Idoia, mostraba su enfado por el comentario de la consejera ya que según indicaba “son ellos [las personas inmigrantes ] los que nos piden que les pongamos voz” ante variopintos episodios sociales y personales que necesitan de una solución. Principalmente, aquellos que llegan por primera vez a tierras vascas y que, con los nuevos criterios pactados por PSE y PP, verán como la solución a sus apuros es inalcanzable.

Y mientras la consejera continuaba apelando a la lucha contra el fraude en el cobro de este tipo de prestaciones, portavoces de algunos de los colectivos sociales puestos en entredicho por Zabaleta exigían al Gobierno de López la retirada de las modificaciones previstas para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos “porque conllevan desprotección social y pretenden la criminalización de la pobreza”.

¿Y el consenso? Harresiak Apurtuz, la red europea Eapn Euskadi, Hirekin/Gizardatz (Asociación de Entidades de Iniciativa e Intervención Social en Euskadi), la red Reas – Euskadi y la asociación de empresas de inserción Gizatea, con el apoyo de la Mesa de Redes del Tercer Sector de Acción Social, expresaron así su rechazo a la modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

A su entender, la reforma planteada introduce “un cambio fundamental en el espíritu” de la ley aprobada en 2008 “con la excusa de una optimización del sistema vasco de bienestar social, la persecución del fraude y la limitación de la solidaridad en tiempos de austeridad”.

En este sentido, denunciaron que esta ley que tuvo un amplio consenso político “pasa de ser una apuesta por la protección y las garantías sociales, a ser un elemento de criminalización de la pobreza”. Los colectivos reprochan al Gobierno que se aumenten los requisitos de entrada y permanencia en el sistema de protección social vasco atendiendo a criterios puramente económicos, sin entrar a valorar las situaciones personales que afectan a quienes solicitan esa prestación. Según datos aportados ayer por Idoia Pérez de Mendiola, responsable de los programas de acogida de Caritas, lejos de las opiniones generalizadas, “solo un 34,5%” de los perceptores cobra el total de las ayudas (924 euros al mes); el resto son complemento a pensiones y a rentas de trabajo.

“No es admisible que, después de ser pioneros y modelo” en sistemas de protección social durante décadas, la sociedad vasca “se vea ahora en retroceso flagrante por un acuerdo político”. Una idea que no comparte la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, quien ha fijado su mirada en el modelo asistencial alemán. “No queremos personas que se profesionalizan en esto y hacen de la RGI un sueldo vitalicio”, insistía Zabaleta.