ENRIQUE FIGUEREDO – Barcelona

El 45,44% de los reclusos de Catalunya son foráneos y la inmensa mayoría, extracomunitarios
Doriana Sánchez llegó un 13 julio del 2007 al aeropuerto del Prat llevando consigo tres kilogramos de cocaína. Tras aterrizar notó cómo retumbaban en los oídos las palabras que alguien que realiza un transporte clandestino por aire jamás quiere oír y menos de un policía: “Me acompaña un momento. Es sólo para hacer unas comprobaciones”. Ya partir de ese momento se pierde la libertad. “Esperaba que todo saliera bien, pero salió mal”, explicaba ayer esta mujer de 28 años desde el interior de la prisión de Wad Ras, adonde va sólo a dormir desde junio. Ahora está ilusionada porque podrá volver a Venezuela. Volverá a casa, a la ciudad de Valencia. Y lo hará porque ha pedido que se le aplique la prerrogativa legal que le permite pasar la libertad condicional en su país natal.

“Todavía no me lo puedo creer. Desde que lo pedí hasta ahora ha ido todo muy rápido”, comentaba ayer Doriana ilusionada.

Mañana cruzará el océano atlántico. Será el primer miembro de la población reclusa de Catalunya que vuelva a casa tras entrar en vigor una circular “sobre extranjería en los centros penitenciarios de Catalunya” en la que se recoge toda la legislación existente hasta ahora en esa materia y mediante el cual se orienta a la dirección y al personal de los centros de reclusión para que informen a los internos extranjeros sin documentación de todas las posibilidades que tienen.

Actualmente, el 45,44% de la población reclusa de Catalunya es extranjera y de ellos, la inmensa mayoría son extracomunitarios. Este grupo está compuesto por 4.192 personas. Los ciudadanos de la Unión son 693. La Generalitat trabaja actualmente en dos planos en lo referido a los internos sin documentación. Uno consiste en evitar que al salir a la calle el preso caiga en la marginalidad porque ese será inevitablemente su destino. Sin papeles, no hay trabajo y, mucho menos, en tiempos de crisis. Además, con antecedentes es prácticamente imposible que un ex preso regularice su situación. “Las mujeres acaban fácilmente en la prostitución y los hombres, abocados al robo”, dicen fuentes de Justícia.

La otra vía de trabajo consiste en facilitar el retorno de extranjeros a sus países para descongestionar el sistema penitenciario.

La última reforma del Código Penal facilita la posibilidad del retorno, que ya se contemplaba en la legislación anterior. Esta posibilidad se puede ofrecer a aquellos internos con penas inferiores a seis años. Doriana Sánchez fue condenada a tres años y un día.

Los jueces son los que tienen la última palabra, pero lo primero es que el interno quiera volver porque en ocasiones no quiere. Hay veces en las que se duda incluso de la identidad con la que se les juzgó. En ese caso, nada puede hacerse, pero la vida penitenciaria de estas personas cambiará. Al no colaborar, puede que no progresen de grado, carezcan de permisos y tengan que cumplir la pena hasta el último día.

Eso no ocurre con Doriana Sánchez. Ella ha logrado que la Administración le pague el billete de vuelta y un juez la autorice. “Intenté quedarme en España, pero no se puede vivir de añoranzas. No podemos ir en contra de la marea”, confiesa. Ahora tendrá que enfrentarse a reconstruir la relación con sus hijos de siete y diez años, que quedaron en Venezuela con su ex marido.