vitoria. La modificación de la Ley de Garantía de Ingresos, tras el acuerdo alcanzado entre PP y PSE, “criminalizará” a los sectores más vulnerables de la sociedad, dado que la restricción de las ayudas sociales provocará más exclusión y economía sumergida. Así lo aseguran tanto los diferentes sindicatos que en raras ocasiones se ponen de acuerdo como las ONG, quienes afirman que la medida en cuestión es un “retroceso”, puesto que se hace en el momento menos oportuno, el de la crisis. De hecho, tal y como asegura el director de Cáritas Vitoria, Santos Gil, el nivel de endeudamiento familiar aumentará al no poder hacer frente a gastos tan necesarios como el alquiler o la alimentación.

Un desamparo que se agravará aún más en el caso de los extranjeros, puesto que el plazo mínimo de inscripción en el Padrón que se necesita para recibir las prestaciones se amplía de uno a tres años, a no ser que se tengan cinco años de vida laboral cotizados. “El problema es que va a generar tensión social, crispación, estados de inseguridad, porque al final van a tener que hacer algo para sobrevivir”, agrega Gil. Con esta declaración, no sólo advierte del aumento de usuarios que da por seguro que tendrá la organización benéfica, sino también de que se puedan generar posibles revueltas urbanas, como las que se vieron en las periferias urbanas francesas, con Nicolás Sarkozy como ministro de Interior.

Cabe recordar que estas últimas pusieron en jaque al Gobierno francés, que llegó incluso a decretar el estado de alarma, por los actos de violencia en protesta por el apartheid social y económico que decían que se escondía tras el modelo político galo, tal y como recuerda el gerente de Cáritas, quien calcula que entre un 60%-70% de los usuarios de su colectivo son actualmente foráneos. “Si sale la norma, que no se aplique en sentido retroactivo porque no tienen por qué negarle las ayudas a los que están inscritos por llevar un año y que cumplen con todo”, propone.

Y, aunque cambiar las condiciones para recibir la Renta de Garantía de Ingresos le parece que es un “retroceso”, piensa que es una buena idea la figura del policía del Padrón un refuerzo del servicio del Padrón para comunicar a las personas que alquilan pisos cuánta gente se registra en ellos que pondrá en marcha el Consistorio de Gasteiz. “Es buena porque es una forma de unificar que el censo coincide con una residencia efectiva”, precisa.

precariedad laboral Quienes sí que censuran la figura del policía del Padrón, además de la Ley de Garantía de Ingresos, son las diversas centrales sindicales, que creen que se están mezclando estas “dos medidas de forma interesada”. Una de las que así lo denuncia es UGT, ya que, según critica, es más fácil hacer recortes de derechos que combatir el fraude. “Si una persona llega con una red social escasa o nula no puede trabajar y acaba en la economía sumergida. Por eso, perjudicamos al empleo con esta medida, favoreciendo la precariedad, con la que está cayendo”, afirma Emilia Málaga, secretaria de Igualdad de UGT Euskadi, quien no descarta que uno de los “efectos rebote” sea el paro.

Otro de los que piensa que hay que luchar contra las causas que hacen que la gente necesite más subsidios, en vez de contra sus consecuencias, es CCOO. “Están haciendo todo lo contrario para remontar la situación actual porque los recortes ahora son justo lo contrario a lo que hay que hacer. Se criminaliza a los más vulnerables, como excluidos, inmigrantes y jóvenes”, valora su responsable de Políticas Sociales, Felisa Piedra, quien tiene constancia de que el hecho de endurecer las condiciones para acceder a las ayudas no implica que crezca el retorno de los extranjeros a su lugar de origen, “pero sí que los autóctonos se van a empobrecer”.

En esa misma línea se manifiesta ELA. “La Ley de Garantía de Ingresos crea mayor desigualdad y discriminación. Relacionar perceptores con fraude criminaliza a sus beneficiarios y genera xenofobia”, matiza.