Hace poco más de dos meses, Chaib Azzouzi era lo más parecido a un héroe. En la madrugada del pasado 3 de julio, este ciudadano marroquí nacido en Nador impidió que el hombre que acabó con la vida de Charo Román en Hernani asesinase también a la hija de ésta, Yolanda, que resultó gravemente herida en el mismo ataque machista. En las horas y días que siguieron al suceso, todos ensalzaron su comportamiento y alabaron su determinación por acudir en auxilio de dos víctimas de la violencia de género sin pensar siquiera que en el intento podía resultar herido, como así sucedió.
A Chaib le llovieron entonces no pocos elogios y la Administración estatal anunció el propósito de examinar su situación para regularizar su estancia en el país.
Chaib es un marroquí de 31 años que reside en Hernani desde hace diez años y que en la actualidad está en paro. La Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa barajó diferentes propuestas, ya que la ley reconoce la posibilidad de conceder el permiso por arraigo o por circunstancias excepcionales.
Pues bien, aquellas promesas de normalizar su estancia no sólo se han esfumado, sino que el mes pasado la Subdelegación le impuso una sanción de 501 euros por estar en situación irregular en el país. «Chaib vive temeroso de que en cualquier momento pueda ser expulsado. Y, ademas, aún no ha superado el shock que le produjo el suceso en el que se vio involucrado. Está en terapia psicológica», explica Mari Paz Sa Casado, la abogada que le ha representado en el proceso judicial abierto como consecuencia del expediente de expulsión que se inició, eso sí, antes de que tuviera lugar el crimen.
Chaib Azzouzi llegó en 2005 a Gipuzkoa, donde ha desempeñado diversos trabajos, entre ellos en el sector hostelero, si bien tres años más tarde se quedó sin empleo, tras lo cual caducó su permiso de residencia y pasó a ser un ‘ilegal’. En junio del año pasado, en el marco de una operación de vigilancia, funcionarios de la Unidad de Extranjería de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Irun le solicitaron la documentación y al comprobar que carecía de «papeles» en regla iniciaron el trámite de expulsión.
La decisión fue recurrida por la letrada de Chaib y el Juzgado Contencioso Administrativo 2 de Donostia dictó el pasado julio una sentencia que estimaba el recurso del ciudadano marroquí y si bien rechazaba la expulsión, le condenaba a abonar la sanción mínima en este tipo de situaciones.
Antes de que esta resolución fuese firme, la Subdelegación notificó a Chaib que debía abonar una cuantía de 501 euros.
Sin recursos
«Los recursos económicos de Chaib son muy limitados hasta del punto de que es posible que no pueda siquiera reunir el dinero. Pero lo peor es que aún cuando lo logre, continúa en situación irregular y puede ser expulsado», explica su abogada, quien precisa que, de acuerdo a la legalidad vigente, sólo un precontrato de trabajo permitiría su regularización.
La letrada cree el joven marroquí no merece pasar por semejante trance. «Aquí parece que hay ciudadanos de primera y de segunda. El vecino de Irun que también medió en la agresión sufrida por Yasmín Rodríguez tuvo mil reconocimientos, homenajes, le concedieron medallas… Y a Chaib nada, ni siquiera la promesa que le hicieron de regularizar su situación se ha mantenido. Aunque muchos creen que tiene los papeles en regla, no es así», explica Mari Paz Sa Casado.
La letrada reconoce que tras el incidente de Hernani, desde la Subdelegación del Gobierno mostraron interés por conocer la situación de Chaib. «Yo les expliqué que carecía de un precontrato de trabajo y ellos respondieron que en esas condiciones nada podían hacer. Me cuesta creerlo. Por ejemplo, y salvando las distancias, a los familiares de las víctimas del atentado de la T4 de Barajas ya les regularizaron. Chaib reúne requisitos suficientes: tiene arraigo y conforme a la documentación aportada carece de antecedentes delictivos», explica la abogada.
Mari Paz Sa Casado sostiene que «Chaib tuvo un comportamiento ejemplar. Fue testigo de cómo un hombre agredía a Charo Román y a su hija y sin dudar un instante acudió en su auxilio. No le importó poner en peligro su vida. De hecho resultó herido. Podía haberse mantenido al margen, más aún sabiendo que no tenía permiso de residencia, que era un ‘ilegal’ en un país extranjero y que podría tener problemas».
La situación en la que se encuentra el marroquí podría impedirle incluso testificar en el proceso judicial abierto por el asesinato de Charo Román. «Si fuera detenido se iniciará de nuevo el proceso de expulsión. Y podría darse el caso de que sea expulsado antes de que se celebre el juicio», concluye la abogada.
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