La crudeza de algunas problemáticas sociales se entrecruzan en nuestra realidad cotidiana, obligando al entramado institucional a responder ante nuevas demandas y reorientar los recursos públicos disponibles. Es lo que ocurre en Gipuzkoa con la reordenación que está efectuando la Diputación de los centros de acogida de menores, que han pasado de estar dirigidos, sobre todo, a la atención de adolescentes inmigrantes sin amparo familiar a dedicar esfuerzos a los autóctonos en situación de desprotección. Pese a plantear desafíos específicos, ambos problemas comparten una misma característica: el desgarro que provocan el desarraigo y la indefensión, agudizados hasta el extremo a edades tan tempranas y cuando cualquier falla puede condicionar el futuro del menor. El hecho de que la llegada de jóvenes procedentes de la inmigración se haya ralentizado por efecto de la crisis económica que sacude a los países periféricos de Europa no exime de seguir buscando el mejor encaje social para quienes deben aprender a vivir en un entorno desconocido y a veces hostil, sin el arropamiento de los suyos; y aprender a hacerlo, además, conforme a las normas de convivencia de la sociedad que les acoge. Del mismo modo, las instituciones deberán perfeccionar la detección de todos aquellos casos de abandono o maltrato de menores autóctonos o no a los que pueda darse una oportunidad de amparo y cariño.