En nuestro dolor y aflicción, no nos volvamos los unos contra los otros… No debemos tolerar actos de discriminación o violencia contra los musulmanes (…) No nos olvidemos que muchas otras personas, incluyendo a multitud de latinos, pueden ser confundidos con personas del Medio Oriente”. Esto publicó El Diario, de Nueva York, el 17 de septiembre del 2001, seis días después de los ataques. Pero en su editorial del 30 de agosto último, titulado ‘Casi 10 años después’, lamenta que lo que siguió fue la apremiante e improvisada búsqueda de un enemigo sin rostro, pero con perfil de extranjero.

Mes y medio después de los ataques terroristas en Estados Unidos, a los funcionarios del gobierno federal les fue permitido obtener información confidencial de las personas en cualquier lugar: en la empresa donde trabaje, su consultorio médico, su banco, su empresa de seguro, su agencia de viaje, su compañía de teléfono. Sin que se requiera para ello el permiso de un juez.

Esto fue posible por la denominada Ley Patriota, promulgada el 26 de octubre del 2001 como una medida que permitiría “proteger” a la población estadounidense de terroristas internacionales en su territorio. Sin embargo, los efectos restrictivos sobre los derechos y libertades individuales generaron polémica.

Janine Smith, cónsul general de Ecuador en Washington, dice que, por esta ley, se ha dado mucha migración interna. La gente se ha visto obligada a cambiarse a condados menos rígidos con los indocumentados. Donde hay predominio demócrata, si bien no se estimula la migración ilegal, se suelen respetar más sus derechos. El Consulado registra casos de ecuatorianos que fueron detenidos en redadas, en sus lugares de trabajo. “No los han maltratado, pero los detienen”, aclara.

El 11 – S generó cambios a nivel institucional. Se creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), en funcionamiento desde el 2004. Pero también se ha dado más poder a las autoridades migratorias y a la Policía, por lo que los migrantes, sobre todo indocumentados, viven con temor, según Smith, pues hasta hace poco podían trabajar para tercerizadoras, incluso del gobierno, pero prácticas como la verificación electrónica de los datos de todo ciudadano ha terminado con esa posibilidad.

Fabián Moreno, excoordinador de la Asociación de Ecuatorianos Residentes en el Exterior, afirma que el 11 – S marcó un hito para la comunidad latina. A la Ley Patriota le siguieron en cascada otras normas que afectan la búsqueda de trabajo por parte de indocumentados. Parecer un inmigrante, transitar y residir sin papeles se volvieron crímenes en el estado de Arizona. Leyes restrictivas también han sido promulgadas en Utah, Indiana y Georgia.

En cuanto a la percepción que rodea a los musulmanes que viven en Estados Unidos, Aldo Bravo, director de Ecuatimes Newspaper, en Nueva York, refiere que estos grupos producen sospecha en la gente. “Tengo amigos musulmanes en el ámbito de negocios. Son buena gente, pero no son muy abiertos ni participan en la sociedad. Existe una barrera que no puedo penetrar”.

La policía de Nueva York vigila más de 250 mezquitas y grupos estudiantiles musulmanes en la ciudad y los suburbios, utilizando con frecuencia agentes encubiertos, según la agencia Associated Press.

La caza de terroristas en la última década afectó a un gran número de personas inocentes en sus vidas diarias en las mezquitas, empresas y grupos sociales. Según la CNN, 10 años después del 11 – S “casi la mitad de los estadounidenses (41%) se siente incómodo si una mezquita se construye en su barrio, si una mujer porta un burka, si ve musulmanes orando en un aeropuerto o si un maestro en la escuela primaria de su comunidad fuera musulmán”.