La Comisión Europea tiene casi definido el borrador de modificación del Tratado de Schengen, con el que pretende evitar la toma de decisiones unilaterales que perjudiquen la libre circulación de personas entre algunos Estados miembros de la UE.

Según el nuevo texto que se presentará en dos semanas, un país sólo podrá cerrar sus fronteras durante un máximo de cinco días y sólo cuando se produzca una situación de emergencia completamente imprevista, como un ataque terrorista. A partir del quinto día, la acción deberá ser consultada al resto de países a través de la Comisión, y para mantener el cierre fronterizo ha de ser aprobado por una mayoría cualificada de los Estados firmantes.

Para el resto de situaciones no excepcionales, los países no podrán bloquear los pasos fronterizos unilateralmente como hasta ahora; tendrán que comunicarlo al Ejecutivo comunitario, y éste a los demás países. Si una mayoría cualificada acepta, el país en cuestión podrá anular temporalmente Schengen, obteniendo prórrogas de 30 días hasta un máximo de seis meses.

«Queremos pasar de una gestión intergubernamental a otra comunitaria. Las decisiones ahora deberán tomarse a niveles europeos», explicaron fuentes comunitarias.

De haber estado bajo este nuevo sistema, Francia e Italia no podrían haber cerrado sus fronteras por la llegada masiva de 250.000 inmigrantes procedentes de África, como hicieron temporalmente durante la pasada primavera. En este caso, la decisión debería haber sido sometida a consulta entre el resto de Estados que participan en el Tratado.

En aquel momento, el Consejo Europeo acordó revisar Schengen y modificar algunas de sus cláusulas sin que se deteriore la esencia misma del acuerdo, que busca garantizar la libre circulación de personas dentro de la UE. La propuesta de la Comisión deberá ser ratificada por el Consejo y el Parlamento, asegurando con toda probabilidad un fuerte debate y la oposición de varios países, recelosos de ceder el derecho a cerrar sus fronteras.

Uno de ellos podría ser Dinamarca, que desde mayo ha restablecido sus controles aduaneros alegando la protección contra el crimen organizado, el contrabando y la trata de personas. Sin embargo, esta decisión «no está justificada», según se desprende de un informe de la Comisión Europea tras el envío de un grupo de trabajo para estudiar la decisión del Ejecutivo danés.