Si se analizan las previsiones demográficas en la provincia a largo plazo, el panorama es desalentador. Para el año 2050, Alicante habrá envejecido tanto que el número de defunciones se habrá disparado en un 60%. Al día se registrarán 40 nacimientos frente a 65 muertes. Un nuevo escenario, el del colectivo de ancianos, – la esperanza de vida subirá a los 84 años en los varones y 89 en las mujeres – al que tendrían que hacer frente los servicios sociales y sanitarios, que siempre marchan unos pasos por detrás de la realidad.

Así se está comprobando con la aplicación de la ley de la dependencia, marcada por las críticas, primero debido a las demoras para la valoración y, ahora, para la concesión de las ayudas. Además, la figura del geriatra que permita prestar una asistencia específica, controlando por ejemplo el consumo de medicamentos y mejorando la calidad de vida, brilla por su ausencia y no hay ninguna unidad acreditada en los hospitales públicos para formar a especialistas. Una reivindicación histórica que sigue sin resolverse.

Evidentemente, al tratarse de un horizonte de 39 años, todos estos datos deben cogerse con pinzas. Y es que el factor de la migración es siempre imprevisible pero también clave en la configuración de la evolución de la población alicantina. Un censo que ya ha empezado a cambiar, en parte por la crisis económica que ha llevado al retorno de inmigrantes a sus países de origen y a una ralentización en la llegada de nuevos extranjeros.

Actualmente, un tercio de los alicantinos se encuentra en estado potencialmente inactivo (incluye al colectivo menor de 16 años y a los mayores de 65). Una tasa de dependencia económica que se ha mantenido más o menos estable desde hace dos décadas, pero que comenzará a subir en 2021 cuando, además, disminuya en más de 21.700 personas el grupo de personas en edad de trabajar respecto a la actualidad.

Esta será la fecha clave del cambio demográfico que ya se está vislumbrando y que supondrá que el futuro de la provincia quede en manos de los ancianos. El relevo generacional está en serios apuros, según el Instituto Valenciano de Estadística (IVE).

Las previsiones muestran que la población en la provincia subirá un 4,3% en la próxima década, – superando la barrera de los dos millones de habitantes – , pero el colectivo de mayores de 65 años será el que escale más posiciones pasando a suponer el 22% del censo, cuatro puntos más que actualmente (aumentará un 26,6%). Este galopante envejecimiento, gracias al aumento de la esperanza de vida, no vendrá acompañado por un incremento igual de espectacular en recién nacidos.

Al contrario, en diez años no se espera que rebrote la inmigración, que hasta ahora ha sostenido la natalidad, a no ser que mejore de forma considerable la economía. Por ello, el número de nacimientos caerá en picado: una disminución del 15%, que se traduce en 2.700 niños menos en 2021 teniendo en cuenta que el retraso en el inicio de la maternidad entre las alicantinas no se adelantará.

Como resultado, el crecimiento vegetativo se saldará en negativo y, por primera vez, habrá más defunciones que nacimientos, lo que supondrá un fuerte freno al aumento poblacional. Un estancamiento que, en principio, se registrará en menos tiempo, en seis años siendo las comarcas del interior las más afectadas, aunque ninguna quedará ajena al envejecimiento del censo. La Marina Baixa será donde más aumenten los mayores de 65 años, un 35%, seguida del Baix Vinalopó (32%); L’Alacantí y el Baix Segura (superior al 26% en ambas); el Vinalopó Mitjà (23%) y L’Alt Vinalopó (20%). En última posición en cuanto a incremento estarían L’Alcoià y El Comtat, con crecimientos del 18% y 16%, respectivamente. Ahora bien, esta última junto a la Marina Alta comenzarán antes a notar los cambios.