«Rumanía nunca ha sido un país de guerreros, es más bien un país que se defiende… y no suele alzar la voz». Lo dice Iulian Gradinaru, uno de los 16.220 rumanos que residen en Euskadi y que representan el mayor colectivo extranjero de la comunidad. Lleva once años en España y ya no siente que su casa esté allí, pero le molesta comprobar cómo el ministro de Trabajo de su país, tras el anuncio del Gobierno español de restablecer la moratoria que restringe el libre flujo de ciudadanos rumanos, asume la decisión española con un tímido «no ha provocado alegría en Rumanía» y se limita a alegar que son «muy optimistas» y que esperan que este período sea «breve».

De los 144.550 inmigrantes que viven en el País Vasco, un 11% proviene de Rumanía y en el último año el número se incrementó en 1.003 personas. El crecimiento de esta comunidad en el resto de España también ha ido en aumento: en cinco años se ha pasado de 388.000 a 860.000. En esta circunstancia se apoya el titular de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, para regular «el volumen y la intensidad» de entrada de trabajadores rumanos en España.

Iulian Gradinaru es vicepresidente de la Asociación Cultural Danubius de Euskadi y, en el terreno profesional, «médico del arte». Restaurador y artista, estudió a caballo entre Rumanía y España. Tras hacer un doctorado en la UPV, ha conseguido establecer su propio taller de restauración en un antiguo edificio del centro de Bilbao, pero suele toparse con el «rechazo automático» de la gente, «desde el supermercado hasta la Universidad». «Por mi aspecto me preguntan si soy alemán y les cambia la expresión de la cara cuando dices que eres rumano… primero es la nacionalidad y luego la persona».

«A los tiempos de crisis se une el estereotipo de que los rumanos son ladrones… y uno se cansa de luchar para que le consideren un igual, y más ahora con esto». ‘Esto’ es la medida anunciada el pasado 22 de julio por el Consejo de Ministros, y que acaba de recibir el respaldo de la UE por la «dramática situación» del mercado laboral en España, que exige tener permiso de trabajo a los rumanos que quieran venir. Los nuevos requisitos no afectarán a los autónomos ni a los que ya estén aquí o estén inscritos en el paro. Ahora, el 30% de los trabajadores rumanos están desempleados, nueve puntos más que el promedio nacional, otro argumento esgrimido por el Gobierno para justificar la medida. Por eso, al reanudar la moratoria que ya estuvo en funcionamiento en 2007, cuando Rumanía entró en la Unión Europea, se trata de evitar que «empeore la situación con la llegada de más personas en busca de trabajo».

Desde 2009

«Si a los españoles nos hacen eso en su momento, no nos habría gustado nada», se duelen desde FEDROM, la Federación de asociaciones rumanas de España, también crítica con la actitud del Ejecutivo rumano. «A pesar de los fondos europeos, el Gobierno rumano no hace mucho por mantener a sus ciudadanos allí y no ya por tratar de que retornen. La situación es muy difícil y las perspectivas económicas, desastrosas», comenta Esteban Navarro, tesorero de FEDROM, que no entiende la vuelta a la moratoria, máxime cuando en 2009 se retiró.

La posibilidad de que los socios de la UE reactiven las medidas restrictivas «cuando sufran perturbaciones en su mercado de trabajo» está incluida en un anexo del tratado de adhesión de Rumanía a la Unión. Según consta en el documento, los Estados miembros pueden acogerse a la moratoria hasta el 1 enero de 2014. De hecho, 15 de los otros 26 mantienen, con diferentes condiciones, el requisito de permiso de trabajo: Alemania, Bélgica, Irlanda, Francia, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Reino Unido y Austria. En España la aplicación de las restricciones terminará a finales de 2012, cuando se hará una revisión de la evolución del mercado laboral.

Más multas

Para la federación de asociaciones rumanas, esta «no es forma de luchar contra los problemas económicos» porque «lo que hará es incentivar la economía sumergida». También se muestra disgustado con la medida el Centro de Información al Trabajador Extranjero – CITE – de Comisiones Obreras de Euskadi. Lo que hay que hacer es imponer «más multas a las empresas que no tienen contratada a la gente en condiciones legales», propone, a sabiendas de las trabas a las que tendrán que enfrentarse los trabajadores rumanos para venir: «Hará falta un empleador que solicite esa autorización de trabajo y encontrar a uno que se moleste en ir a tramitarla empujará a la gente a tener que trabajar de forma ilegal».

De nuevo la economía sumergida, esas arenas movedizas en las que muchos inmigrantes se ven obligados a moverse. Iulian Gradinaru advierte que «no es posible denunciar, ya que no se puede morder la mano que te da de comer cuando tienes una familia aquí o en Rumanía que mantener». «Habría que extirpar la corrupción y no las posibilidades de la gente de tener un trabajo digno», reivindica. «Al fin y al cabo, no venimos a quitar el puesto del profesor universitario». De hecho, la mayoría de los trabajos a los que acceden los ciudadanos rumanos son la construcción, la reformas de interiores o colocaciones como guardas jurados o en la limpieza doméstica.

«Nos cuesta tanto que la gente confíe en nosotros… Esta no era la idea que los rumanos tenían de lo significa entrar en la UE». Iulian sabe de lo que habla. Considera que nunca podrá tener un trabajo de acuerdo con su formación, porque «no hay la aceptación suficiente como para que ciudadanos rumanos con estudios puedan trabajar en cualquier sitio de Europa».