G. G. / Barcelona
Por primera vez, el sistema penitenciario
catalán aplicará una normativa
en la que se informará a los
inmigrantes en situación irregular
que estén cumpliendo condena de
las posibilidades que tienen para
regresar a su país antes de quedar
en libertad. La conselleria de Justícia,
que gestiona el sistema penitenciario,
pondrá en marcha una
circular a partir del 15 de septiembre,
según informó ayer Efe, en la
que se informará a estos presos extranjeros
sin papeles que hayan
cumplido la mitad de la condena
que pueden beneficiarse de una situación
de libertad condicional si
retornan. De esta forma se les aplicaría
la nueva reforma del artículo
89 del Código Penal que permite
solicitar al juzgado esta expulsión.
En declaraciones a este diario, el
director general de Servicios Penitenciarios
de la Generalitat, Ramon
Parés, destacó que en una primera
fase de aplicación de la normativa
se intentará contar con el
consentimiento del interno para
solicitar su retorno aunque la normativa
establece que no es necesario
este permiso para solicitar su
expulsión. También explicó que el
Código Penal autoriza a que el preso
extranjero en situación irregular
pueda cumplir la condena en
una prisión de su país, aunque «casi
ninguno lo pide». La circular
pretende ordenar e informar a los
presos inmigrantes en situación
irregular de todas las posibilidades
que tienen para dejar el sistema
penitenciario y volver a su país para
mejorar su integración social.
El director general de Servicios
Penitenciarios destacó que esta expulsión
esmás fácil solicitarla en la
fase de ejecución de aquellas condenas
inferiores a seis años aunque
se puede pedir en todas siempre y
cuando no estén relacionadas con delitos por inmigración ilegal. Además,
explicó que se solicitará para
los internos inmigrantes «a los que
el legislador considera que no tienen
opción para conseguir un pemiso
de trabajo ni uno de residencia
». En este sentido, estos internos
no pueden beneficiarse de permisos
penitenciarios, al no tener un entorno
familiar o laboral que permita su
integración social, y cumplen la
condena íntegra, con el riesgo de
ser expulsados tras salir de la cárcel.
En muchos casos, los presos
sin papeles suelen quedarse una
vez saldada su condena con lo que
aumenta su situación de precariedad,
ya que no pueden tener acceso
a permisos, e incrementan las
posibilidades de reincidencia.
Parés recordó que el sistema
penitenciario seguirá trabajando
para integrar y reinsertar socialmente
aquellos internos extranjeros
que pueden conseguir regularizar
su situación tras cumplir la
condena. Por eso, destacó que la
circular intenta informar a todos
los internos inmigrantes sin papeles
de qué opciones tienen una
vez cumplan la mitad de la condena
y se rebaje la masificación de
presos en los centros penitenciarios.
El director general cree que
si la Fiscalía, la propia Administración
catalana y el preso reclaman
al juez encargado de ejecutar
la sentencia que se aplique esta
expulsión, con prohibición de retorno
a España en cinco o diez
años, «no tiene que haber problemas
» para realizarse.
Para aplicar esta circular, la
conselleria ha contado con el consenso
de la Fiscalía e informó de
su cumplimiento al Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.
Pese a que es la primera vez que
se realiza esta normativa en el sistema
catalán, Parés recordó que
el Ministerio de Justicia tiene un
protocolo de actuación similar
desde hace varios años que coordina
los diversos centros.
La medida permitirá empezar a
reducir la sobreocupación de las
prisiones catalanas en las que ha
aumentado en los últimos años el
número de inmigrantes . Además,
la circular no permite acceder al
régimen abierto a los internos que
tengan pendiente una resolución
judicial o administrativa de expulsión.
Por eso, la conselleria lo considera
un «cambio de orientación»
respecto a las políticas anteriores y
una unificación de criterios, dado
que hasta ahora cada centro procedía
según sus propias directrices.
También se refuerza el control de
los extranjeros irregulares y cada
mes se facilitarán listas de extranjeros
en situación irregular antes
de que hayan cumplido la mitad de
la condena, para que los equipos
de tratamiento puedan trabajar
con los reclusos y animarlos a sustituir
la pena por su expulsión.