Un grupo de estudiantes protestan en Los Ángeles :: A. ARORIZO / EFE

La represiva ley de inmigración de Arizona se ha convertido en un modelo a copiar por otros estados. Uno de ellos, Alabama, le ha dado una vuelta de tuerca y su gobernador, el republicano Robert Bentley, aprobó en junio la ley más dura del país. Ahora, apenas un par de días antes de su entrada en vigor, una juez del distrito, Sharon L. Blackburn, ha suspendido temporalmente su puesta en marcha para estudiar la constitucionalidad de una legislación que criminaliza a los indocumentados y a aquellos que les prestan ayuda.

La ley, que fue redactada por el legislador republicano Micky Hammon, convierte en delito trabajar o alquilar una casa si se ha cruzado ilegalmente la frontera. Además anula contratos en los que una de las partes sea un indocumentado y permite a la Policía parar a quien sea para solicitar sus papeles de residencia o ciudadanía. Los colegios públicos tienen que determinar asimismo si los niños están o no debidamente documentados. No les pueden expulsar porque la escolarización es obligatoria pero el procedimiento administrativo expone a la familia entera.

Quienes contraten o alquilen viviendas a ‘ilegales’ también se las verán con la Justicia. La ley permite perseguir penalmente incluso a quienes a sabiendas les «escondan, cobijen o protejan». Es decir, Alabama considera que quien lleve a un enfermo indocumentado a un médico o le ofrezca ayuda espiritual (por ejemplo, las iglesias) es un delincuente.

Isabel Rubio, directora ejecutiva de Coalición Hispana de Intereses de Alabama, afirmaba ayer a este diario que la ley es «racista, draconiana y regresiva», unos calificativos semejantes a los que han llegado de la mano de otros grupos de libertades civiles de EE UU, asociaciones latinas, representantes de varias iglesias cristianas y el Departamento de Justicia. Todos ellos han interpuesto acciones contra la norma y después de oír sus alegaciones la semana pasada, Blackburn ha decidido estudiar su contenido durante 30 días.

«Estamos contentos pero esto no es necesariamente una victoria», explica Rubio. Blackburn es una magistrada federal de corte republicano elegida para el cargo por George W. Bush. Por su parte, el gobernador Bentley dijo esperar que la juez estime positivamente los fundamentos de la norma y adelantó que continuará «luchando para defenderla de este y otros ataques».