Las conversaciones que mantuvo el vicerrector Jorge Hermosilla con los grupos municipales sobre el Cabanyal desvelaron también otra de las iniciativas que la Universitat pretende para este barrio del Marítimo, siempre que se logre el consenso político para dejar a un lado el conflicto judicial sobre la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. El portavoz socialista Joan Calabuig dijo ayer que el planteamiento de restaurar edificios para los llamados colegios mayores dispersos, adelantado ayer por LAS PROVINCIAS, podría acompañarse por la recuperación de inmuebles singulares para equipamientos universitarios como institutos, fundaciones e incluso laboratorios de investigación.

Los equipamientos universitarios en el barrio formaron parte del programa electoral socialista, aunque ahora se quiere lograr el pacto de todos los grupos para sacar el proyecto adelante en los próximos meses. Calabuig habló de la necesidad de «rebajar la tensión y fomentar el diálogo» con el propósito de conseguir un desbloqueo en las zonas fuera de la prolongación de la avenida. El caso es que la inmensa mayoría de la superficie del plan urbanístico está fuera de este sector, aunque el gobierno municipal entiende que la orden de paralización del Ministerio de Cultura, y la posterior admisión a trámite del recurso del Gobierno en el Tribunal Constitucional, impide la concesión de licencias de obras.

Calabuig reiteró la obligación de buscar «puntos de encuentro» entre todos los grupos. Desde el principio del mandato, subrayó, en las reuniones que ha mantenido con la alcaldesa Rita Barberá y el vicealcalde, Alfonso Grau, ha sacado este asunto a colación.

Acerca de la posición que debe adoptarse en esta negociación, comentó que no es cuestión de «blanco o negro, sino que hay infinidad de matices». En la reunión con Grau, destacó, encontró «receptividad; defendió el proyecto del equipo de gobierno».

La situación en el Cabanyal se ha degradado de manera alarmante en los últimos meses. La paralización de los derribos ha propiciado la ocupación paulatina de todos los edificios que ya estaban vacíos, en su mayor parte de propiedad municipal o de la sociedad Plan del Cabanyal – Canyamelar.

Esta última ha retapiado hasta en 250 ocasiones inmuebles ocupados ilegalmente. Además, ha llevazo al juzgado 15 casos de intentos de desalojo. Los residentes, tanto la asociación de vecinos, contraria a la prolongación, como la plataforma ‘Sí volem’, han criticado con dureza el abandono de buena parte del Cabanyal, donde han llegado decenas de familias de etnia gitana y nacionalidad rumana para ocupar dichos edificios.

Ante esa situación, la mediación de la Universitat puede ser decisiva para desbloquear la paralización, en caso de que se encuentren argumentos jurídicos para volver a conceder licencias de obras. Calabuig añadió que también trabaja desde hace meses en conversaciones con el Gobierno sobre lo mismo, es decir, la búsqueda de una línea de financiación para estas inversiones. El Ministerio de Fomento, aseguró, aprobó una línea de subvenciones para reformar edificios que está a «punto de perderse porque la Generalitat no ha puesto su parte. Esa iniciativa debería recuperarse para el beneficio del barrio».