La represiva ley de inmigración de Arizona se ha convertido en un modelo a copiar por otros estados. Uno de ellos, Alabama, le ha dado una vuelta de tuerca y su gobernador, el republicano Robert Bentley aprobó en junio la ley más dura del país. Ahora, apenas un par de días antes de su entrada en vigor, una juez del distrito, Sharon L. Blackburn, ha suspendido temporalmente su puesta en marcha para estudiar la constitucionalidad de una legislación que criminaliza a los indocumentados y a aquellos que les prestan ayuda.

La ley, que fue redactada por el legislador republicano Micky Hammon, convierte en delito trabajar o alquilar una casa si se ha cruzado ilegalmente la frontera. Además anula contratos en los que una de las partes sea un indocumentado y permite a la Policía parar a quien sea para solicitar sus papeles de residencia o ciudadanía. Los colegios públicos tienen que determinar asimismo si los niños están o no debidamente documentados. No les pueden expulsar porque la escolarización es obligatoria, pero el procedimiento administrativo expone a la familia entera.

Quienes contraten o alquilen viviendas a ‘ilegales’ también se las verán con la Justicia. La ley permite perseguir penalmente incluso a quienes a sabiendas les «escondan, cobijen o protejan». Es decir, Alabama considera que quien lleve a un enfermo indocumentado a un médico o le ofrezca ayuda espiritual (por ejemplo, las iglesias) es un delincuente.

Isabel Rubio, directora ejecutiva de Coalición Hispana de Intereses de Alabama, afirmaba ayer a este diario que la ley es «racista, draconiana y regresiva», unos calificativos semejantes a los que han llegado de la mano de otros grupos de libertades civiles de EE UU, asociaciones latinas, representantes de varias iglesias cristianas y el Departamento de Justicia. Todos ellos han interpuesto acciones contra la norma y después de oír sus alegaciones la semana pasada, Blackburn ha decidido estudiar su contenido durante 30 días.

«No es una victoria»

«Estamos contentos pero esto no es necesariamente una victoria», explica Rubio. Blackburn es una magistrada federal de corte republicano elegida para el cargo por George W. Bush. Por su parte, el gobernador Bentley dijo esperar que la juez estime positivamente los fundamentos de la norma y adelantó que continuará «luchando para defenderla de este y otros ataques».

Mientras tanto, el próximo día 29, la ley puede ser declarada inconstitucional total o parcialmente en una decisión que es recurrible. En Arizona, Indiana, Utah y Georgia, donde se han promulgado duras leyes de inmigración se han anulado judicialmente algunas de sus disposiciones más duras.

Rubio explica que curiosamente no hay tantos inmigrantes en Alabama. «En un estado de unos cuatro millones de habitantes no hay más de 200.000», explica. Lo que si hay es la «percepción de que los latinos están ocupando cada vez más puestos de trabajo en un estado en el que no ha habido mucha tolerancia en el pasado y se ha tratado de forma diferente a los que no son blancos».

Leyes represivas como la de Alabama son el resultado de la falta de respuesta al problema por parte de Washington. En 2007 fracasó el último intento por reformar la ley de inmigración y aunque Barack Obama prometió a su electorado hispano una reforma esta no ha llegado. Sin legislación federal, los estados se han visto libres para legislar cada uno por su cuenta, algo contra lo que está luchando en los tribunales el departamento de Justicia norteamericano.

Pese a sus promesas, el Ejecutivo demócrata ha mostrado una inusual dureza y en dos años han sido deportadas más de 800.000 personas, una cifra sin precedentes. A mediados de agosto, y ante la perspectiva de una nueva campaña electoral, Obama adoptó una postura más abierta y decidió que se revisarán caso por caso los más de 300.000 expedientes de deportación pendientes.