El pleno del Ayuntamiento de Salt aprobó ayer suspender la concesión de licencias para centros de culto en el polígono industrial de Torre Mirona durante un año. La propuesta, presentada por CiU, que gobierna en minoría, contó con el respaldo del PP y de los dos ex concejales de Plataforma per Catalunya (PxC), Carles Bonet y Juana Dolores Martínez, que la semana pasada decidieron pasarse al grupo mixto no adscrito por motivos “éticos y morales”. PSC y la única edil de PxC que queda en el consistorio votaron en contra, mientras que Independents per Salt se abstuvo. A las puertas del ayuntamiento, el ambiente de tensión ciudadana volvía a Salt en medio de un fuerte dispositivo policial el mismo día que el Govern decidió prohibir una concentración este sábado de PxC.

El alcalde de Salt, Jaume Torramadé (CiU) justificó el veto en la situación de recesión económica y de falta de empleo: “No creo que la mejor opción para una zona industrial sea situar en ella centros religiosos”. Torramadé añadió que es necesario “parar, reflexionar y decidir cuál es el mejor emplazamiento para la instalación de estos centros”. Actualmente, el Consistorio tiene sobre la mesa dos peticiones para la construcción de oratorios en este espacio.

La comunidad evangélica Holly Ghost Fellowship Internacional, con sede en Girona, pidió licencia hace unos días para instalarse en este lugar. Además, las entidades Magribins per la Pau y Al Hilal obtuvieron en marzo pasado un certificado de compatibilidad urbanístico con una vigencia de seis meses. Si presentan el proyecto de mezquita que quieren construir, antes de octubre, y se ajusta al plan general, el oratorio no se vería afectado por la moratoria y se podría edificar.

Durante el pasado mandato, el equipo de gobierno formado por PSC y ERC aprobó una modificación del plan general, según la cual se permitía que el polígono acogiera edificios religiosos. Se buscaba un emplazamiento en el que “no hubiese problemas de ruidos, ni circulación ni molestias a los vecinos para dar salida a las demandas religiosas de la población”, explicó ayer la portavoz del principal grupo a la oposición, Iolanda Pineda. Aunque el PSC votó en contra, los socialistas se han comprometido a aportar ideas si la voluntad del gobierno durante este año es reflexionar acerca del mejor emplazamiento para los oratorios.

Los dos concejales de Plataforma per Catalunya que la semana pasada se pasaron al grupo mixto, Juana Dolores Martínez y Carles Bonet, también votaron a favor de frenar la construcción de nuevos oratorios. La sorpresa de la noche la dio la única edil de la formación xenófoba, María Osuna, que votó en contra. “No queremos la mezquita ni en Salt ni en ningún otro lugar de Catalunya”, llegó a decir. También el PP apoyó la propuesta de CiU, al entender que la moratoria de un año debe ayudar a buscar la mejor solución para la ubicación de los centros de culto. Por su parte, el grupo Independents per Salt pidió que se convoque la Taula de la Ciutadania y la Taula del Diàleg Interreligiós para decidir cuál es el mejor lugar. Actualmente, en el municipio hay siete centros de culto. Dos de ellos tienen licencia de centros culturales, pero funcionan como oratorio.

El pleno levantó una gran expectación, aunque los episodios de tensión se vivieron a las puertas del Consistorio, donde se concentraron grupos antirracistas y otros que reclamaban a los concejales que abandonaron Plataforma que entregaran sus actas. Entre ellos estaba el líder de PxC, Josep Anglada, que tuvo que ser escoltado por la policía después de que algunos manifestantes le increpasen y le tiraran bolas de papel cuando intentaba entrar en el ayuntamiento. Un fuerte dispositivo policial impidió que los incidentes fueran a más.