Donostia. La Fiscalía de Gipuzkoa solicita dos años y medio de cárcel y una multa de 400 euros para un ciudadano marroquí acusado de agredir e insultar a una ertzaina en Donostia y discriminarla por ser mujer.

El escrito de acusación provisional del Ministerio Público imputa al acusado un delito de atentado y una falta de orden público con la agravante de haber actuado “con la finalidad de discriminar a la víctima por razón de su sexo”.

Según el texto, los hechos ocurrieron sobre las 7.15 horas del 19 de diciembre de 2010, cuando una dotación de la Ertzaintza de la que formaba parte la víctima acudió a las proximidades del estadio de Anoeta, al parecer por la petición de unos empleados de EuskoTren que habían sido testigos de una reyerta entre varios jóvenes que, presuntamente, portaban armas.

Los policías identificaron y registraron a los sospechosos, tras lo que comprobaron que el procesado “tenía pendiente una orden de averiguación de paradero”, por lo que le indicaron que debía acompañarles a comisaría, si bien el encausado ignoró las indicaciones de los ertzainas.

Por este motivo, la agente insistió en la necesidad de que el procesado acudiera a dependencias policiales, si bien éste le respondió que “a él no le daba órdenes ninguna mujer”, tras lo que presuntamente la aferró por la pechera del uniforme y la empujó con fuerza contra el coche patrulla “sin causarle lesión alguna” aunque “con la intención de desconocer el principio de autoridad y de vejar a la agente por su condición” femenina.

Posteriormente, mientras era conducido a comisaría, al parecer el hombre “profirió expresiones intimidatorias contra los ertzainas, así como de carácter insultante” hacia la mencionada agente de la Policía Autonómica Vasca que había sido foco de su ira.

La Fiscalía de Gipuzkoa reclama que se imponga al acusado dos años y medio de cárcel y una multa de 400 euros por estos hechos ocurridos el pasado diciembre.

De todos modos, también se demanda que tras el juicio y, en caso de que finalmente el acusado sea condenado, el tribunal sustituya la pena de prisión por la expulsión del imputado de territorio español durante diez años, donde se encuentra en situación irregular. >EFE