La inmigración forma parte ya de la realidad sociológica de Euskadi. El 6,6% de quienes configuramos la sociedad vasca proviene del extranjero, un porcentaje inferior al de otras autonomías pero lo suficientemente relevante como para haber introducido cambios en la fisonomía de nuestros pueblos y ciudades, en nuestro paisaje cotidiano y en nuestras relaciones. Hasta el punto de que cabe hablar de los inmigrantes que siguen llegando y de los que se van asentando, pero también de una nutrida generación de vascos que han nacido aquí fruto del empuje que registró la entrada de extranjeros atraídos por el ‘boom’ económico. Los prejuicios y el riesgo de racismo sobre los que ayer alertó la consejera Zabaleta deberían ser asumidos como un déficit colectivo y como una amenaza intolerable para la convivencia de todos; lastres que el Gobierno Vasco pretende combatir con un gran pacto social que contribuya a salvaguardar la dignidad y los derechos de los inmigrantes. La necesidad de hacer «pedagogía de la verdad», en palabras de la consejera, justificaría el impulso al plan. Plan que precisará, no obstante, de concreción en sus objetivos y, sobre todo, en la determinación de un catálogo de problemas y eventuales medidas para atajarlos.