Deisy Mendoza no utilizó el teléfono que se facilita a las maltratadas para llamar a la Ertzaintza en caso de problema, ni lanzó mensajes de preocupación, pese a su “contacto muy estrecho” con los agentes encargados de controlar la situación de estas víctimas, según Interior. Mendoza, una inmigrante ecuatoriana de 36 años, madre de tres hijos y trabajadora doméstica, fue asesinada el lunes en el rellano de su vivienda en el centro de Bilbao a manos del hombre con el que había compartido hasta hacía escasos meses casi 20 años. Desde el 1 de junio contaba con una orden de alejamiento.

La historia y los interrogantes posteriores se repiten. ¿Qué falló? Los protocolos de seguridad funcionaron, según Mariola Serrano, directora de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género, dependiente de Interior. Serrano aseguró ayer a EL PAÍS que la víctima “no tenía un riesgo especial”. Hubo una única denuncia, en abril, y se dictó la orden de alejamiento en junio sobre la que “no consta” ningún quebrantamiento.

Pero la realidad que se refleja en los archivos institucionales es, al parecer, bien distinta a la de la calle. Vecinos y hosteleros de la zona recalcaron anteayer tras el crimen que resultaba habitual ver al asesino, Héctor Melecio Reyna, por la zona, vigilando a su exesposa. Una de las allegadas de la víctima aseguraba que le sugirió a Mendoza que cambiase de ciudad para evitar el acoso. La hija mayor, de 17 años, temía dejar sola a su madre en casa tras la separación.

Son dos percepciones de un mismo drama que no casan. ¿La desconfianza hacia las instituciones motivó esa falta de comunicación? “No lo era, pero podemos estar hablando de una mujer que no quería protección o que no le había dado importancia, que no tenía conciencia de riesgo”, reflexiona Serrano, al tiempo que anima a las mujeres maltratadas a denunciar estos abusos.

La realidad es que, aún sabiendo que existía una orden de alejamiento que, a tenor de las declaraciones, estaba siendo quebrantada nadie denunció la situación.

En este aspecto incidió ayer el presidente del Tribunal Superior, Juan Luis Ibarra, tras la concentración de repulsa que reunió a cerca de un centenar de personas ante el Ayuntamiento de Bilbao, entre ellas toda la corporación municipal y miembros del Ejecutivo, como los consejeros de Interior, Rodolfo Ares, y Justicia, Idoia Mendia.

Ibarra recordó “al entorno [de las maltratadas] que es importante que denuncien” este tipo de situaciones. El año pasado, se concedieron en Euskadi un total de 1.745 órdenes de protección y 630 de alejamiento. Entre enero y julio pasado, 434 hombres han sido detenidos o imputados por la Ertzaintza por quebrantar estas órdenes. En 2010 se registraron 1.093 denuncias por maltrato a mujeres, la séptima comunidad autónoma con más casos.

“Utilizamos muchos medios, pero algunos son más eficaces si la sociedad da un paso de acción, no solamente protestando contra los agresores, sino poniendo en conocimiento de las autoridades” los quebrantamientos de órdenes, añadió Ibarra.

En el mismo acto, Serrano también pidió a la sociedad que denuncie las violaciones de las órdenes de alejamiento y aseguró que, como es habitual, ahora se revisarán los protocolos de protección de las víctimas. El Ararteko también ha abierto un expediente de oficio y la nueva secretaria de Estado para la Igualdad, Laura Seara, anunció que su departamento analizará lo ocurrido. La Comisión Interinstitucional de la Violencia de Género se reunirá probablemente a principios de septiembre con el mismo fin.

“Hay que buscar nuevas medidas de prevención y protección de las maltratadas y de control de los agresores”, añadió Serrano. Y anunció que antes de finales de año incorporarán un dispositivo de GPS a los teléfonos que llevan las maltratadas para que, tan solo pulsando un botón, puedan ser localizadas. Interior mantiene escoltadas a 46 maltratadas.

Una de las familiares de Mendoza explicó a este periódico que sus tres hijos vivirán ahora con un primo de la asesinada. “No queremos que se vuelvan a Ecuador”, añadió. Héctor Melecio permanecía ayer en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición del juez. Fuentes jurídicas apuntaron que, con los datos conocidos, se enfrentaría a un delito de asesinato penado con entre 15 y 20 años de cárcel. Si se acreditara ensañamiento por las varias puñaladas que asestó a su víctima, la pena ascendería a la horquilla de 20 a 25 años, más de seis meses a un año por quebrantar la orden de alejamiento.

El Ayuntamiento de Bilbao aporbó una declaración institucional de condena en la que adelantó que ejercerá la acción popular en la futura causa judicial.