El uso de la categoría de inmigrante es nuevo en nuestro escenario discursivo político. Pero ¿qué motiva que se use frente a otras categorías de diferenciación de la población como la mujer y la orientación sexual? Básicamente que tiene un marcador de distinción claro: la no-nacionalidad del país. Sobre esta base se construye una política del discurso racista que despierta muchos interrogantes democráticos. ¿Es legítimo que esta diferenciación se convierta en una fuerza motriz sin freno para inspirar cualquier contenido de discurso político? Es como si se construyera un discurso sobre la diferenciación entre hombres y mujeres, entre homosexuales y heterosexuales, entre blancos y negros. Aquí radica el núcleo del problema: la permisividad implícita de nuestras instituciones, que por su silencio también contribuye a esta situación.

La entrada de una política del discurso racista en nuestro sistema político hasta conseguir ser alternativa de poder e incluso adquirirlo como es el caso de Badalona, por parte de un partido tradicional, el Partido Popular, nos debe preocupar por ser el resultado de una carencia de mecanismos institucionales de protección. Nuestros códigos legales liberales sólo nos protegen contra discursos que alientan la violencia física, como si de un grupo terrorista se tratara, pero no frente a la sutileza de discursos que usan información falsa o sobredimensionan problemas alentando la separación social y la segregación, criminalizando una condición social. ¿Por qué existe una normativa contra la publicidad engañosa y no contra el discurso que opera con mecanismos similares?

Debe abrirse un debate para crear un sistema que provoque la misma pérdida de poder público cuando se focaliza en una condición (mujer, homosexual e inmigrante) para criminalizarlo y promover la desconfianza. No bastan campañas antirrumores, sino que se requiere una posición clara de las instituciones, de la misma manera que actúa con contundencia cuando algún grupo político se niega a condenar atentados terroristas. ¿Por qué el discurso político machista es impensable y no se condena el discurso racista? ¿Por qué cualquier político que se lance contra la condición de homosexual deja de tener espacio público y no el que promueve la xenofobia? ¿Por qué el modisto Galiano pierde su condición social al proclamar su admiración por el fascismo o el propio cineasta Lars von Trier por haber expresado su “comprensión por Hitler” y no plataformas y partidos claramente racistas? Es un logro que nuestra democracia haya limitado el espacio público a los homófobos, los fascistas, y los machistas… pero ¿por qué sigue dejando espacio a los racistas y a los abiertamente xenófobos, dándoles incluso posibilidad de vida política? No bastan sólo manifiestos de tolerancia cero, aunque necesario, sino que se debe pasar a la acción y buscar mecanismos institucionales. ¿Qué pasaría si se creara un partido claramente homófobo y/ o machista que criminalizara al homosexual o a la mujer? En definitiva, algo hay que hacer. Deben aplicarse mecanismos para limitar la acción de los que abusan de su poder para denigrar a una parte de la población no-nacional. Un código ético político aprobado parlamentariamente debe servirnos de apoyo para detener todas aquellas tentaciones populistas que se mueven a sus anchas en condiciones de crisis económicas sistémicas como la que caracteriza nuestra década.