La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región ha ordenado a la Delegación del Gobierno que anule la orden de expulsión de una inmigrante empadronada y sin antecedentes, y que la sustituya por una multa «en la cuantía que estime procedente». La Delegación acordó en 2009 la expulsión de esta inmigrante, de nacionalidad uruguaya.