Primero fue un convento de frailes capuchinos. En el siglo XIX pasó a manos del Estado, que lo convirtió en cuartel militar. Y desde 1990 alberga una de las instalaciones más sórdidas de la España democrática: el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga, en el que los inmigrantes irregulares son encerrados – durante un máximo de 60 días – como paso previo a su expulsión del país.

“No es una cárcel; es peor, aquí la gente tiene menos derechos”, clama Manmen Castellano, presidenta de Málaga Acoge. Tras los gruesos muros amarillos del CIE, 44 hombres y mujeres viven en celdas colectivas, separados por sexos, sin aire acondicionado en verano ni calefacción en invierno, y con el único horizonte de salir cada día un rato al patio a la espera de su deportación. Las ventanas están tapadas con planchas metálicas agujereadas, lo que obliga a mantener la luz eléctrica encendida durante el día; y los baños, con inodoros turcos, apenas están separados de la habitación por unas puertas batientes.

Estas duras condiciones de vida para unas personas que no han cometido más que una falta administrativa – carecer de permiso de residencia – no solo han escandalizado a las ONG. La Fiscalía de Málaga lleva años reclamando el cierre de estas instalaciones, que también considera “peores que la cárcel de Alhaurín”. En su última memoria, correspondiente al año 2010, el fiscal de Extranjería de Málaga, Juan Bermejo, escribía que la clausura del CIE “es una obligación moral”. En el mismo sentido se han expresado el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, y el Ayuntamiento.

La falta de taquillas para los internos hace que estos tengan que dejar todas sus pertenencias, teléfono móvil incluido, en un almacén situado a la entrada del centro, dependiente del Ministerio del Interior. Si un inmigrante necesita cambiarse de ropa o comunicarse con el exterior, un policía nacional debe acompañarle hasta ese cuarto – siempre de uno en uno – y está presente mientras realiza la llamada.

Las visitas de abogados, familiares o amigos se realizan de tres en tres personas en una sala también vigilada por un policía. “No hay intimidad ninguna, aunque en el CIE de Algeciras es aún peor: allí visitantes e internos están separados por una mampara de cristal y la gente debe gritarse a través de un hueco en la parte superior”, relata Castellano.

Los sindicatos policiales también se quejan: “Los policías hacen una función de funcionarios de prisiones sin tener formación para ello. Y las cárceles al menos están diseñadas para evitar el contacto físico directo”, afirma Francisco Puertas, del SUP.

Las continuas reformas parciales – al menos nueve – a que se ha sometido el edificio desde su apertura, y que han costado más de un millón de euros apenas si son “un parche”, denuncian al unísono voluntarios, fiscales y políticos. Estas reformas han permitido sucesivamente ampliar la capacidad del inmueble de 75 a 125 personas para luego reducirla a 44. La reducción de plazas y la entrada de una trabajadora social a media jornada ha rebajado la tensión en el centro, coinciden policías y ONG.

El CIE ha sufrido numerosos incidentes desde su fundación. En el centro se juntan inmigrantes sorprendidos sin papeles en la calle con otros extranjeros que han sido detenidos tras cometer un delito y otros multirreincidentes. En 1994, 46 internos se pusieron en huelga de hambre para denunciar las malas condiciones. Dos años más tarde, 103 emigrantes son expulsados de España previa sedación con haloperidol. En 1998, el primero y más grave de los tres incendios que ha sufrido el inmueble se salda con trece inmigrantes y un policía heridos…

En este tiempo se han producido irregularidades como la expulsión a Nigeria de una madre con su hija, mientras el padre seguía encerrado en el CIE – los hechos ocurrieron en octubre de 2008, y varios meses después, la familia, que decía ser de Sierra Leona, no había vuelto a encontrarse – . Sin embargo, el escándalo mayor ocurrió en julio de 2006, cuando cinco policías, entre ellos el jefe de seguridad del CIE, fueron detenidos por abusar sexualmente de varias mujeres extranjeras en fiestas que duraban hasta la madrugada. Este caso sigue pendiente de juicio.