«La crisis de Zapatero la paga el chatarrero». Ésta fue la consigna más repetida ayer por el centenar de personas que salieron a la calle para protestar contra la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Y es que, en su opinión, dicha «ley canalla» amenaza su principal fuente de ingresos: la chatarra, pues establece que tienen que estar en posesión del título de transportista de residuos no peligrosos y darse de alta en autónomos.
La Ley, que entró en vigor el pasado 1 de agosto, prohibe la recogida y el transporte de hierros y chatarras en la vía pública pues entiende que todo producto férreo que se encuentre en la calle es de propiedad municipal. En este sentido, la normativa establece sanciones que tienen asociada una multa que puede alcanzar los 4.000 euros, según los manifestantes.
Algo que, dicen, «unido a los 300 euros mensuales de autónomos y los 40 euros que cuesta la tarjeta de transportista que exige la Consejería de Medio Ambiente de Madrid», deja a muchos de ellos «sin poder pagar el alquiler de la casa» y, lo que es peor, sin posibilidad «llevar nada a la boca» de sus familiares.
Ese es el argumento esgrimido ayer por Fernando, un hombre de etnia gitana, que aseguró estar dispuesto «a robar o a hacer cualquier otra cosa delictiva» si finalmente se encuentra en dicha situación.
La marcha partió a las diez de la mañana desde la plaza de Cibeles, atravesó la calle Alcalá y finalizó a pocos metros de la Puerta del Sol. Una vez allí, Lisardo Hernández, portavoz de la comunidad gitana, leyó un manifiesto en el que solicitaba a la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, el aplazamiento y posterior derogación de «una ley marcial» que deja a muchos de ellos «fuera del mercado» y «oculta oscuros intereses de recaudación contra las clases más humildes».
«¡Que paguen los ricos!», gritó Lisardo mientras el resto coreaba varias consignas. «Nosotros, españoles, inmigrantes y gitanos de cultura milenaria y fuerza ancestral, solicitamos que deroguen esta Ley que nos quita el pan y la sal… porque si no lo hacen vamos a acampar en el Ministerio de Medio Ambiente», concluyó entre vítores.
Por el momento, los manifestantes ya han creado la Plataforma en Defensa de los Chatarreros, cuya portavoz, Toñi, les recomendaba ayer «pagar la tarjeta de transportista para quitarse de problemas» y, en caso de multas, recurrirlas todas «hasta que esto se solucione o salgamos otra vez a la calle en septiembre para que, al menos, se nos aplique un módulo especial para nuestro nivel de ingresos».
Y es que, en opinión de Raúl, un joven empleado en una empresa de recuperaciones, los ingresos diarios de un chatarrero ascienden «como mucho» a 40 euros aunque, en ocasiones, «no dan ni para pagar los 20 euros de gasoil» que invierten en cada jornada. Eso sí, según Raúl, hay situaciones peores, pues «los que van con el carrito de la compra no suelen llegar ni a los cinco euros al día, así que no es justo que ellos también tengan que pagar a autónomos, y ninguno de nosotros vamos a consentirlo. Chatarrear no es robar, que le quede claro al Gobierno éste que quiere hundir a España».
Por su parte, la consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañiol, anunció ayer, durante una visita a las Brigadas de Seguridad Ciudadana de San Lorenzo de El Escorial, que analizarán cuáles son las peticiones de los chatarreros y el margen de maniobra del Gobierno regional. Si bien, matizó que, aunque escuchará «las opiniones de todos los ciudadanos», la chatarra es una actividad que se está regulando «cada vez más» por lo que es «pronto» para decir si sus reivindicaciones tienen cabida.
A su vez, las redes sociales están divididas. Unos, como Antonio Martínez, consideran que la primera manifestación de chatarreros de la historia evidencia que «el país está patas arriba» y otros, como Isabel Olaiz, se preguntan si «¿queda alguien más indignado en España?».
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