Estas situaciones violentas con consecuencias tan graves exigen una seria reflexión por parte de los poderes públicos. No sólo es necesaria y urgente una intervención pública para devolver la tranquilidad a los ciudadanos, sino también que se profundice en las causas de tales revueltas. Básicamente tienen un origen social. No es sólo la suma de individualidades agresivas, sino la eclosión de un grave desencanto y desesperación de determinados colectivos.
La desesperación, unida a la agresividad de determinados entornos y colectivos que a la vez la sufren, permiten comprender el origen de sus actos. Es claro que en este momento la necesidad de imponer el orden colectivo exige la aplicación de la ley, pero ni un ápice más. Se corre el riesgo en situaciones sociales excepcionales de acudir a mecanismos extrapenales que redundan en contra de personas, familias y al final del problema mismo.
Las medidas preventivas basadas en la amenaza de retirar apoyos y ayudas sociales, ya de por sí escasas, no harán más que agravar los problemas y las situaciones de violencia. Algunos quedarán disuadidos de los actos vandálicos. Otros, los que tienen menos que perder porque ya el Estado no les da absolutamente nada, la amenaza les será indiferente. Una vez más el estado penal se impone al de la retirada del estado social.
La amenaza de la cárcel y por tanto del sufrimiento, el aislamiento y la exclusión social son simples recursos utilizados por los políticos para dar solución a complejos problemas de pobreza y de injusticia estructural que tienen su raíz en ámbitos cercanos al poder económico.
Lamentablemente los políticos y las instancias económicas no tienen la humildad de reconocer su parte de responsabilidad para ver qué medidas tienen que tomar o adoptar para que la igualdad de oportunidades se conviertan en un derecho universal. La paz colectiva saldría ganando, también la individual.
Acudir al Derecho Penal únicamente o incluso junto a medidas extralegales sancionadoras que lanzan aún más a estos colectivos a la exclusión social para mantener el orden público redunda en contra de la calidad democrática del sistema y de los mismos ciudadanos. Mantener la ley y el orden desoyendo el mensaje de desesperación e injusticia social que hay detrás del grito violento cuestiona su ética, la de quien la adopta y de quienes están detrás de las causas que lo motivan.

Julián Ríos es profesor de Derecho Penal en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).