Para el primer ministro británico, los autores de los disturbios que hasta el miércoles mantuvieron en vilo al país son sólo “delincuentes”. Contundente, David Cameron negó ayer que exista alguna justificación social de la revuelta, exculpó a su Gobierno y anunció que mantendrá el recorte previsto del 20 por ciento en los presupuestos policiales. Los más de 1.000 detenidos, muchos de ellos menores de edad, comparecen estos días ante la justicia.
Entre otras muchas cosas, los disturbios de los últimos días en Inglaterra constituyen un desafío a los planes de David Cameron para crear un “Estado más pequeño que gaste menos dinero”. Es sabiduría popular que “lo barato acaba saliendo caro”, y así se lo recordaron ayer al primer ministro conservador numerosos diputados laboristas en el debate extraordinario de la Cámara de los Comunes sobre unos acontecimientos que han arruinado vidas, costado cientos de millones de euros a los pequeños comerciantes y empañado la imagen de Inglaterra en el mundo.

La derecha y la izquierda tienen interpretaciones muy diferentes de las causas de los sucesos, pero una de las generalmente aceptadas es que no hubo suficientes efectivos policiales en las calles, y los que había utilizaron tácticas erróneas. Aun así, Cameron se mantiene en sus trece de reducir en un 20% el presupuesto de Scotland Yard, aunque sólo sea por no dar marcha atrás y reconocer que se ha equivocado con unos recortes tan drásticos, y que quizás sea necesario el estímulo del gasto público, aunque no les guste a las agencias de rating

(el Tesoro ha disminuido las perspectivas de crecimiento para este año a un raquítico 1,4%, lo cual significará seguir coqueteando con un regreso a la recesión).

Entre las medidas contempladas por el líder tory para meter en vereda a los gamberros figuran bloquear internet e impedir la comunicación a través de las redes sociales cuando haya indicios de que son utilizadas para delinquir; imponer toques de queda; permitir la expulsión de inquilinos que tengan un comportamiento antisocial; combatir la cultura de bandas, y otorgar a la policía poderes para retirar las máscaras y capuchas a fin de poder ver el rostro de los alborotadores. Todo mucho más fácil de decir que de hacer, al margen de las implicaciones de algunas de las propuestas sobre los derechos civiles. Lo que por el momento descarta el primer ministro es lanzar al ejército a las calles.

Dos veces, dos, ha tenido que convocar extraordinariamente Cameron al Parlamento desde que comenzó el receso veraniego. Y si la primera sesión – para analizar el escándalo de las escuchas-le resultó incómoda, tampoco fue agradable la de ayer, con un líder de la oposición laborista, Ed Miliband, muy crecido, que le clavó banderillas por sus planteamientos económicos y sociales, cuestionó más que nunca su doctrina de la “sociedad grande” (que en realidad quiere decir un “Estado pequeño”) e incluso se permitió erigirse en defensor de la policía frente a los recortes que el Gobierno le quiere imponer.

“Lo que ha pasado es delincuencia pura y dura, y como tal hay que tratarla”, fue la defensa de David Cameron, haciendo suyo el argumento de la derecha de que la culpa no la tienen en todo caso los recortes, sino la inmigración, el multiculturalismo, las madres solteras, la falta de figuras de autoridad paterna, la cultura de la dependencia del Estado, las sentencias demasiado blandas que imponen los jueces, la falta de mano dura, la permisividad sexual… Desde su perspectiva, es el argumento perfecto, porque significaría que el Gobierno no tiene responsabilidad alguna de lo acaecido.

Durante el debate parlamentario, sin embargo, la oposición insistió en que no es así, y que el nihilismo violento de los jóvenes que han asesinado, asaltado, quemado y saqueado hay que situarlo en el contexto del aumento del paro, la reducción de salarios y subsidios, el clasismo latente, el cierre de polideportivos y piscinas públicas en las comunidades más degradadas y, en general, el descrédito de las políticas neoliberales dentro de la mayor crisis del capitalismo y sus instituciones.

Lo que el Gobierno de Cameron quita con una mano, lo da con la otra. A pesar de que dice que no hay dinero, ha anunciado que asumirá todas las “compensaciones legítimas” de las víctimas de los disturbios, un programa de trece millones de euros para la limpieza y regeneración de las comunidades más afectadas, y otro de 26 millones para ayudar a poner en pie los pequeños y medianos comercios arrasados por los vándalos, o que se han visto abocados a la bancarrota. Los tribunales de Londres permanecen abiertos las veinticuatro horas para procesar a los mil quinientos detenidos hasta la fecha.

“A los ciudadanos de bien, a quienes pagáis los impuestos y respetáis las reglas, os digo que estamos de vuestro lado, y vuestras propiedades van a ser protegidas – afirmó Cameron en los Comunes con esa solemne pomposidad que tanto irrita a sus enemigos-.Y a la pequeña minoría de delincuentes os digo que os vamos a perseguir, a encontrar y a castigar, porque tenéis que pagar por lo que habéis hecho.”

A estas alturas, sin embargo, la cuestión es qué le dicen los ciudadanos británicos al primer ministro. Y muchos le dicen que les ha fallado, que ha sido incapaz de mantener el orden, y que la cohesión social es por lo menos tan importante como la propiedad privada.