Finalmente, la Comisión Europea apoyará las restricciones españolas a la libre circulación de rumanos, pero sólo «temporalmente», hasta finales de 2012, y de forma «condicionada». Algo que, en lenguaje de la UE, significa transigir a costa de ejercer un estrecho marcaje sobre Madrid.

Según confirmaron ayer fuentes del Ejecutivo comunitario, Bruselas autorizará hoy esta medida unilateral adoptada por el Gobierno de Zapatero para lo que resta de año y el siguiente, porque reconoce «la difícil coyuntura que atraviesa el mercado laboral español».

Moncloa volvió a exigir permisos de trabajo a la población procedente del país balcánico en julio pasado, después de levantarla en 2009. Convirtió, de hecho, a España en el primer socio en hacerlo. Y a continuación, argumentó ante Bruselas que, conforme al Tratado de Adhesión de Bucarest a la UE, podía reintroducirlos al entender que el flujo de rumanos representa un riesgo para el mercado laboral español. Y ahora el Ejecutivo comunitario, tras superar sus muchas reservas iniciales, acepta ese peligro potencial y condiciona la iniciativa a una «libertad vigilada».

Los condicionantes que implica la autorización se traducirán en informes periódicos de evaluación con el objetivo de que España no cruce ninguna línea roja. O dicho de otro modo, que Madrid no se pase de la raya y la ejecute de manera «proporcionada».

La medida debería aplicarse únicamente sobre los nacionales del estado balcánico que quieran llegar a nuestro país como trabajadores por cuenta ajena. Pero no implicará, sin embargo, a aquellos que lleguen a España en calidad de autónomos. En el último lustro, conforme a los datos del Ministerio de Trabajo, la comunidad rumana pasó de 200.000 a 860.000 miembros en España. Bruselas, eso sí, volvió a sacar por enésima vez los colores al Ejecutivo de Zapatero.

Y fuentes comunitarias, en particular, subrayaron que la acción autorizada por la Comisión no resolverá las deficiencias del mercado laboral español, ya que no se trata de la «panacea». «Hay que hacer más», recalcaron esas mismas fuentes en clara referencia a los mensajes con que los líderes del Viejo Continente continúan apremiando al presidente del Gobierno para que termine de materializar las reformas en marcha. Porque, entre otras cosas, la iniciativa no afectará tampoco a los rumanos en paro que ya residen en España y cobran el subsidio por desempleo. Un colectivo que, según la Comisión, representa un elevado porcentaje sobre el total de la comunidad residente en el país. En concreto, tal y como arrojan las cifras facilitadas por el Ministerio de Trabajo, alrededor del 30% de los rumanos que viven en España carece de trabajo.

Tras el fallo de Bruselas, ahora le toca el turno a los 27, que deben refrendar esta decisión del Ejecutivo comunitario. Mientras deciden los socios europeos, no obstante, cualquier país puede pedir su anulación o modificación.