El Tribunal Supremo ha denegado el asilo político a dos refugiados que habían denunciado persecución ideológica y étnica en sus países de origen, Costa de Marfil y Armenia, al entender que no concurrían los requisitos necesarios para concederles esa condición.

Ambos residen en la provincia, el primero en Biar y el segundo en Alicante. Sin embargo, en sendas resoluciones fechadas este mes a las que ha tenido acceso este diario, el alto tribunal confirma otras tantas anteriores de la Audiencia Nacional y da la razón a la Abogacía del Estado.

En el primer caso, los jueces entienden que el relato oral realizado por el inmigrante costamarfileño «no permite tener por fundado el temor al a persecución». Además, expresan sus sospechas acerca del retraso con que el interesado, que afirmaba ser de la etnia djoula, tramitó su petición de asilo.

En el caso del ciudadano armenio, falla el Supremo que no hay pruebas de que los miembros de la oposición en ese país «sean objeto de persecución», ni lleva a presuponerlo tampoco el hecho de que el demandante estuviera en esa situación por participar en una manifestación que fue disuelta con violencia por las fuerzas de seguridad.

Tampoco ven «razonable» los magistrados del alto tribunal que el aspirante a refugiado disponga «de un documento calificado de secreto», una orden de busca y captura, en realidad, dirigida por una autoridad armenia a otra.

Además, el resto de los documentos que presentó para sustentar su afirmación de que estaba perseguido en su país eran «de carácter general», como un recorte de prensa «de dudosa credibilidad».