E l 11 de abril de 1981 un joven negro fue apuñalado en Brixton, al sur de Londres. Los falsos rumores sobre maltrato policial exaltaron a los habitantes de este barrio, donde la mayoría de la población era de color y la mitad se encontraba desempleada, desatando una furia vandálica que no pudo ser atajada. Las acusaciones de que la policía británica era racista fueron desoídas y los disturbios, aunque en menor intensidad, siguieron hasta julio de ese año. El Gobierno de Thatcher se empleó a fondo y logró sofocar la revuelta negándose a aceptar que la causa de fondo eran los graves problemas de integración social y racial de la parte más desfavorecida de la población británica.

Otra acción policial desafortunada, el 28 de septiembre de 1985, contra una inmigrante jamaicana, desató una nueva oleada de violencia en Brixton que se extendería a Tottenham, en el norte de Londres, una semana después. El fallecimiento del joven negro Wayne Douglas, el 13 de diciembre de 1995, bajo custodia policial, también en Brixton, inició una nueva actuación de delincuentes incontrolados.

El sábado pasado, tres décadas después, la muerte de Mark Duggan, supuesto traficante de armas, desató la rabia de sus convecinos, que se lanzaron a la calle para pedir explicaciones. La confusión y falta de preparación de las fuerzas policiales fue aprovechada por numerosos maleantes para quemar y asaltar todos los locales que han podido y querido. Una vez encendida la mecha, no hizo falta más para que el vandalismo se extendiera a otros barrios de Londres y a otras ciudades obreras con graves problemas de desempleo, como Birmingham, Liverpool, Leeds o Manchester. El hecho de que los vecinos se hayan organizado en patrullas para proteger los negocios y viviendas contra los maleantes demuestra, por una parte, que los destrozos son culpa de un grupo de criminales y no el fruto de una revuelta social – aunque los graves problemas de desempleo y exclusión siguen sin solucionarse treinta años después – , y de otra, y lo que es más preocupante, de la poca confianza que tienen en la policía metropolitana, sobrepasada por la realidad, y en el Gobierno, culpable de los recortes sociales y de la lenta reacción.