Polémica como pocas, la medida del Gobierno de volver a exigir permisos de trabajo a los rumanos despierta en el Ejecutivo comunitario demasiadas dudas.

Se trata, de hecho, de la primera vez en la Historia que un estado miembro reactiva las restricciones de acceso al mercado laboral respecto a los nacionales de Rumanía, tras acabar con ellas años antes. Tal y como prevén las normas europeas, el Ministerio de Trabajo remitió a Bruselas un informe con los motivos de la iniciativa y, según explicaron fuentes comunitarias a EL MUNDO, «la Comisión sigue todavía evaluando los detalles ofrecidos por España». Esas mismas fuentes confirmaron también que Bruselas emitirá su veredicto a lo largo de esta semana.

Analizados los argumentos de Moncloa, el Ejecutivo comunitario cuenta con la potestad de concluir que Madrid debe dar marcha atrás o limitar a un periodo de tiempo determinado la demanda de contratos laborales previos para desembarcar en suelo español.

Pero la decisión sólo se convertirá en vinculante si el resto de socios la ratifica en el marco del Consejo Europeo. Desde que Bruselas emita su fallo hasta que los 27 resuelvan, cualquier país tiene la posibilidad de pedir su anulación o modificación. Algo que permitiría a España o Rumanía, en función de lo que finalmente se anuncie en los próximos días, cargar contra la opinión de Bruselas e intentar arrancar una resolución de la Unión Europea más favorable a sus respectivos intereses. Porque, al contrario de lo que defiende el titular español de Trabajo, Valeriano Gómez, Europa sí puede enmendarle la plana al Gobierno y corregir su operación unilateral.

La Comisión acogió con frialdad y muchas dudas la acción de Moncloa. Primero, rechazó, «en principio», la reintroducción de los permisos, aunque poco después reconoció que «no resulta imposible suspender la libertad de movimiento en casos excepcionales».

La base legal que plantea el Ministerio de Trabajo reside en una cláusula de salvaguarda incluida en el propio Tratado de Adhesión de Rumanía a la UE. Bucarest, en concreto, ingresó en el club de los 27 bajo condición de que los estados miembros dispusieran de la opción de exigir a los rumanos contratos laborales previamente suscritos para entrar en las respectivas fronteras nacionales hasta 2014; igual que si portasen pasaporte extracomunitario.

Cada país, eso sí, puede eliminar las restricciones antes de esa fecha a su arbitrio. España lo hizo en 2009, pero las acaba de reintroducir. ¿Legalmente? Según especifica la cláusula de salvaguarda, los estados miembros tienen la posibilidad de interrumpir nuevamente la libre circulación de mano de obra rumana siempre que «sufran o prevean perturbaciones en sus mercados laborales, peligrosas para el nivel de vida o la tasa de empleo». Aunque, ineludiblemente, deben notificarlo al Ejecutivo comunitario y, como condición sine qua non, argumentar cifras sólidas que avalen esos presuntos efectos nocivos. Así procedió el Gobierno, que remitió a las autoridades comunitarias la documentación pertinente y todavía espera su fallo, mientras la incertidumbre envuelve la deliberación.

A finales de julio, Bruselas ya mostró serios recelos hacia el impacto real de la población rumana sobre el mercado laboral español. Fuentes comunitarias subrayaron entonces la caída en la cifra de trabajadores llegados a España desde Rumanía en los últimos años, conforme a los datos de Eurostat.

En opinión de Valeriano Gómez, no obstante, la comunidad rumana crece en nuestro país a un ritmo sólido y en el último lustro pasó de 200.000 a 860.000 miembros.

El Ejecutivo comunitario no se caracteriza por bailarle el agua a los socios que ejecutan iniciativas contrarias a la libre circulación de ciudadanos, tal y como puso negro sobre blanco el enfrentamiento entre el líder de la Comisión, Durao Barroso, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, a cuenta de la expulsión de gitanos practicada desde el Elíseo hace alrededor de año y medio.

El ala más a la izquierda en el Congreso (ERC, IU e ICV) ya pidió la comparecencia del responsable de Trabajo, Valeriano Gómez. Y numerosas ONG no entienden el porqué de establecer ahora distingos entre nacionalidades. Andalucía Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y Anaquerando, en particular, consideran además ilegal la iniciativa por «inviable desde un punto de vista jurídico y de garantía de derechos». Otras organizaciones directamente implicadas, como la Federación de Asociaciones de Rumanos en Europa (Fadere), previó que la reintroducción de los permisos de trabajo provocará alzas de la economía sumergida.